La ley del sólo sí es sí se ha encargado de poner en la calle a más de cien violadores, abusadores sexuales y pederastas. Pese a los cambios, no evitará que siga excarcelando delincuentes sexuales porque aún no se ha revisado ni de lejos la totalidad de las cerca de 4.000 sentencias en esa materia penal. Pero, por si el problema no era lo suficientemente grave, los funcionarios han denunciado un segundo golpe a todos los afectados por violaciones y abusos sexuales. Y es que una reorganización del Gobierno destinada a remodelar los partidos judiciales ha provocado un colapso en la labor y diligencias judiciales, justo en los casos de violaciones y abusos sexuales.
El sindicato encargado de denunciar la situación ha sido CSIF, que ha señalado que "la nueva ordenación judicial en violencia de género impulsada por el Gobierno está fracasando por falta de medios. Las primeras experiencias de agrupación de partidos judiciales está deteriorando la atención a las víctimas, colapsando juzgados y retrasando las diligencias", apuntan desde el gran sindicato de los funcionarios.
Comarcalización de los Juzgados de VG
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha trasladado al Ministerio de Justicia su "preocupación" por los problemas que está ocasionando el proyecto del Gobierno de "comarcalización de los Juzgados de violencia de género en la atención a las mujeres víctimas". CSIF explica que "las primeras experiencias de agrupación de partidos judiciales, que hasta el momento se han llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, Algeciras, Cáceres y Toledo, han deteriorado la atención a las víctimas, fundamentalmente por la falta de medios personales y materiales".
Según la información recabada por CSIF, que es el sindicato mayoritario en los cuerpos de la Justicia, "las experiencias sobre este nuevo modelo de organización, en las que un solo órgano es competente sobre varios partidos judiciales, han demostrado que se ha provocado una situación de colapso, con el retraso de las diligencias, largas horas de espera de las víctimas o menores para prestar declaración y problemas de coordinación. Estas esperas provocan en ocasiones que las víctimas decidan marcharse o dar marcha atrás en su declaración". Dicho de otra manera, la reorganización de Pedro Sánchez y su ministra de Justicia, Pilar Llop, lejos de garantizar la protección de las víctimas, la reduce.
"Cuando el Gobierno aprobó este proyecto", afirman desde el sindicato, "aseguró que la comarcalización de Juzgados iba a potenciar la especialización y garantizar los mismos recursos a las mujeres vivieran donde vivieran. Pero la experiencia, que ahora se pretende generalizar en toda España, ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, en Algeciras, donde antes existían tres jueces con competencia, ahora sólo existe uno y donde antes existían tres plantillas de funcionarios con un total de 28 funcionarios, ahora solo trece". "En definitiva, ahora hay un solo titular y una sola plantilla lo que, por desgracia, ralentiza las resoluciones, las declaraciones, las testificales, el seguimiento de la instrucción, con un absoluto descontrol en la agenda de señalamientos", añaden desde CSIF.
Se dificulta la coordinación
El sindicato da más detalles: "Además, cuando existe una agresión en los partidos que han perdido la competencia, la primera declaración de la víctima suele tomarse en el Juzgado de Guardia, por lo que la primera y transcendental declaración la toma un Juez supuestamente no especializado". "En este sentido, la coordinación entre cuerpos de seguridad, hospitales o clínicas y Juzgado Comarcal se dificulta. En muchas ocasiones, el detenido llega antes al Juzgado para prestar declaración que las diligencias previas o las denuncias o atestados", puntualizan desde el sindicato.
"Por otro lado, con la agrupación judicial, las relaciones son más impersonales que antes cuando en los órganos judiciales había una íntima colaboración y conocimiento de las áreas de las fuerzas de seguridad especializadas en estos delitos y una estrecha relación entre profesionales de los diferentes ámbitos: Policía Local, Nacional, Guardia Civil, servicios de guardia hospitalarios y los Juzgados de Guardia", afirman responsables sindicales.