La Justicia investiga a dos cuñados y al marido de María Gámez. Lo hace por sus negocios ligados al caso Santana Motor, una de las ramificaciones del gigantesco escándalo de corrupción de los ERE de la Junta de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los familiares de la ya destituida directora de la Guardia Civil entraron en los contratos que se lucraron de los 36,1 millones de euros destinados a reflotar Santana Motor, una empresa que cerró dos años después de recibir supuestamente la ayuda pero en la que la Justicia sólo ha encontrado justificación de 10 millones del total de 36,1 millones de fondos públicos gastados.
La Justicia sigue el rastro de las sociedades de los tres familiares de Gámez, que accedieron a 1,36 millones. Y ha encontrado cuestiones inexplicables como el hecho de entrar en contratos públicos, gastar el presupuesto a toda velocidad y acto seguido salir poco menos que corriendo: porque los familiares de María Gámez gastaron los 420.000 euros de un centro de la Junta en año y medio y se marcharon.
"Gasto irregular del presupuesto"
El sumario del caso Santana Motor sigue dando más detalles de la forma de actuar de los familiares de María Gámez. De hecho, ha dedicado un apartado a detallar el "gasto irregular del presupuesto" que generaron.
"El presupuesto de gasto del Centro de Negocios en Madrid [de la Junta socialista de Andalucía] era de 450.000 euros previsto para un funcionamiento de 2 años, revisable, en función de las actividades realizadas y los ingresos percibidos", señala el informe de la Policía Judicial. En primer lugar, añade el informe, "debe recordarse la manifestación del Consejero de Economía en sede parlamentaria, cuando afirmó que el precio de referencia tomado para contratar a la Consultora que presentó la mejor oferta económica fue de 175.000 euros".
Gastado en "un periodo muy inferior"
En segundo lugar, resulta que el "presupuesto es gastado en su totalidad en un periodo muy inferior, entre noviembre de 2009 y marzo de 2011, en que se tiene constancia de la última factura". El tiempo sería un poco mayor si se toma, no la actividad de facturación, sino el cese de los empleados: "Sin embargo debe considerarse que los empleados cesan en junio de 2011, lo que aumentaría el periodo en tres meses más. Aún así, es un periodo de 19 meses, y no de 24 meses, como estaba previsto". Traducido: los familiares de Gámez se dieron prisa en gastar los 450.000 euros.
La Policía añade que "resulta especialmente significativo a este respecto que el saldo pendiente en 2011 en el momento en que parece cerrarse el Centro de Negocios, en marzo de 2011, por importe de 3.681 euros, se liquida con una factura de liquidación precisamente sin conocerse realmente a qué concepto corresponde". Es decir, que dieron por finalizada su función en el momento en el que se acabó el presupuesto. "El concepto que se indica [en la factura de liquidación] es Repercusión parcial de la factura 11006 de Exp Management Group por agotamiento de la encomienda, cuando dicha factura era por importe de 15.728 euros, que es la cantidad habitual, en concepto de honorarios de asesoramiento en febrero de 2011", explica el informe policial. Experience Management Group era la sociedad del cuñado de Gámez —Bienvenido Martínez— que se creó dos meses antes del contrato para acceder a ese negocio público.
"De esta factura, por cierto, no hay reflejo de FAGIA a la Agencia IDEA. Es decir, sencillamente se agota el saldo pendiente con una factura que lo justifique, por el importe preciso para dejarlo a cero", concluye el sumario. FAGIA era una instrumental que puso la Junta en medio del contrato y que facturaba acto seguido sus gastos a la Agencia IDEA, entidad que aparece vinculada por mil aspectos a los pagos de los ERE y donde, casualmente, como también recuerda el sumario, tuvieron cargos el marido —Juan Carlos Martínez— y el cuñado de Gámez.
"Esto indica, desde luego una ausencia de correspondencia entre el presupuesto previsto en la encomienda de gestión y los gastos reales. Parece adaptarse dicho presupuesto al calendario real de apertura del Centro de Negocios, de noviembre de 2009 a marzo de 2011, independientemente de la actividad real realizada, como se razona a continuación", señala la Policía Judicial.
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