Desde el pasado 27 de marzo el proceso de peticiones de asilo en España ha pasado de ser una gestión difícil para los demandantes a ser prácticamente imposible. Un cambio en el sistema de petición de cita ha llevado a que conseguirla resulte casi tan excepcional como que te toque la lotería: los inmigrantes realizan docenas de llamadas sin obtener respuesta y, de hecho, en la inmensa mayoría de las ocasiones, nadie levanta el teléfono al otro lado de la línea.
Aunque se han exacerbado a partir del cambio a finales de marzo, los problemas son anteriores a eso: los sistemas de cita previa de las oficinas de extranjería funcionaban a través de internet y numerosas noticias periodísticas dieron cuenta de que al igual que en otros servicios públicos se había generado incluso un sistema de reventa de citas controlado por mafias, lo que hasta El País llegó a denominar "el mercado negro de las citas" en una noticia que mencionaba expresamente "los trámites relacionados con extranjería". Un extremo que, sin embargo niegan desde el Ministerio del Interior cuando les preguntamos al respecto: "El procedimiento requería la introducción del número de nie o pasaporte, lo que impedía que se produjeran reventas o se pueda hacer un uso fraudulento de las citas", aseguran.
Sin embargo, pese a que no admite que hubiese problemas, Interior abordó ese cambio de sistema y ahora las citas se han de pedir de forma telefónica en ciudades como Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Benidorm, Elche, Gijón, León, Málaga, Santander, Valencia, Vigo y, por supuesto, Madrid, que concentra la mitad de las peticiones de asilo del país.
En teoría en cada uno de los teléfonos hay una atención en distintos horarios que en algún caso, como Alicante, va sólo de 12 a 14 horas, mientras que en Valencia es aún más restringido: sólo desde las 15:30 del miércoles.
Además, en otras ciudades con un volumen mucho menor de solicitudes –Albacete, Guadalajara, Jaén, La Coruña, Lugo, Mérida, Navarra, Sevilla, Toledo o Tenerife– las peticiones se pueden hacer por correo electrónico.
1.200 personas intentándolo y sólo dos citas
A pesar que desde Interior nos aseguran que lo que han hecho ha sido "implementar soluciones en cada provincia, en función de las características propias, como alternativa a la cita online" el resultado ha sido que, durante los primeros dos meses en marcha del nuevo sistema, resulta casi imposible tener una cita.
Según datos recogidos por la empresa Migraempleo, dedicada a ayudar a los inmigrantes a regularizar su situación y encontrar trabajo en nuestro país, las llamadas se acumulan y no logran ni siquiera que alguien descuelgue el teléfono al otro lado: tal y como nos comentan sus responsables a partid de los datos que han recogido de sus clientes "de 1.200 personas que han llamado para obtener su cita sólo dos lo han logrado".
De hecho, Libertad Digital ha podido comprobar cómo en algunos casos se acumulan decenas de llamadas sin respuesta, hechas en diferentes horarios y durante varios días. Más aún: uno de los inmigrantes ostenta la triste marca de haber llegado a hacer 198 llamadas a uno de los números de Madrid sin conseguir llegar a comunicar.
Más personal, pero sin resultados
Lo cierto es que las peticiones de asilo se han multiplicado en los últimos años, llegando a un récord de 118.842 en 2022, 47.658 de ellas en la Comunidad de Madrid, que acumulaba más de cuatro veces las de la segunda autonomía, que fue Andalucía.
Por su parte, en los tres primeros meses de 2023, y todavía con el anterior sistema para pedir cita, el número de solicitudes presentadas prometía superar holgadamente las del año anterior, pues fueron 39.827, el 70% de las cuales llegan de dos países iberoamericanos: Venezuela y Colombia.
En el mismo periodo se han tramitado 31.740, de las que 787 se han archivado, 10.175 se han rechazado y 20.778 se aceptaron, la mayoría de ellas –17.671– por "razones humanitarias". En sólo tres meses se ha acumulado, por tanto, un déficit de más de 8.000 solicitudes.
Un problema de los últimos años
Las peticiones se han disparado en los últimos años: en 2017 fueron 31.740, creciendo a 55.749 al año siguiente y multiplicándose hasta 118.446 en 2019 para, posteriormente, caer durante los dos años del covid y, una vez superada la pandemia, volver a crecer el pasado año.
Según el Ministerio de Interior ha asegurado a Libertad Digital, desde 2018 "la plantilla de la Oficina de Asilo y Refugio se ha multiplicado por cinco, pasando de los 60 hasta los 300 empleados actuales". Un refuerzo que forma parte de un "Plan de Transformación Integral de la Oficina de Asilo y Refugio" que se ha impulsado desde Interior después de que Grande-Marlaska se comprometiera a ello a su llegada al ministerio.
Sin embargo, como está ocurriendo en otros servicios públicos como la Seguridad Social o el SEPE, la percepción de los usuarios es que hay una caída de la calidad del servicio. No obstante, llama particularmente la atención que esto ocurra con un Ejecutivo que hace de la solidaridad una de sus supuestas banderas y que ha militado con fervor en las filas del "welcome refugees" desde una de sus primeras acciones como Gobierno como fue la llegada del Open Arms.