El patrimonio inmobiliario heredado del pasado es un recurso preciado para el presente y el futuro. Esa es la realidad del Ministerio de Defensa, que es uno de los mayores propietarios de viviendas y terrenos urbanizados y por urbanizar del país. De hecho, desde la llegada de la crisis económica de 2008 y el grave recorte presupuestario sufrido, la venta de propiedades ha sido una forma de generar ingresos extraordinarios para hacer menos dramática su situación económica.
Las cifras no mienten. España fue el segundo país aliado de la OTAN que menos porcentaje de su PIB dedicó a Defensa en 2022. Una posición que no es una nueva, pues lleva entre el segundo y el tercer puesto por la cola la última década y media. En 2022 invirtió el 1,09% de su PIB, muy lejos del 2% al que se comprometió a llegar en 2014 para 2024. La previsión actual es que en el periodo 2028-2030 se podría alcanzar el famoso 2%.
El anuncio a mediados de abril del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Ejecutivo va a construir 20.000 viviendas sociales en terrenos del Ministerio de Defensa -cifra de la que se excluye la Operación Campamento- ha resultado ser un espaldarazo al negocio inmobiliario del departamento que en estos momentos dirige Margarita Robles, aunque la falta de datos concretos sobre este anuncio genera algunas dudas.
No se conoce la distribución territorial de los terrenos, ni si estarán en zonas realmente tensionadas, es decir, en áreas donde hay serios problemas de acceso a la vivienda. Tampoco se conoce si estas viviendas formarán parte del paquete de 50.000 inmuebles que iba a poner la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en manos de los ciudadanos a precios asequibles, de los que un número importante estaban pendientes de construirse, o es un paquete de viviendas independiente.
Lo que sí está claro es que en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), el órgano del Ministerio de Defensa que controla su patrimonio inmobiliario, saben perfectamente donde tienen todos sus terrenos e inmuebles disponibles. También cuáles pueden ser más o menos aprovechables para la edificación de nuevas viviendas, aunque su trabajo es vender los terrenos y no involucrarse en el desarrollo urbanístico posterior.
Los datos exactos deberían empezar a conocerse esta semana, ya que según ha explicado en varias ocasiones la ministra de Defensa, Margarita Robles, es cuando el asunto debe ir al Consejo de Ministros, aunque no está claro la cantidad de información que se va a hacer pública. Lo que sí está claro es que la operación económica va a ser muy suculenta. La previsión en Defensa es que alcance los varios centenares de millones de euros.
La ley impide ceder gratis los terrenos de Defensa
Pese a que los terrenos del Ministerio de Defensa van a ser empleados para la construcción de vivienda social y el precio del terreno suele ser de vital importancia para el precio final de la vivienda, la realidad es que el departamento de Margarita Robles no puede ceder los terrenos de forma gratuita y está obligada a pactar un precio de venta cercano al de mercado. Para la valoración económica de las propiedades debe participar una tasadora independiente.
Así queda reflejado en el Real Decreto 1080/2017, de 29 de diciembre, que regula el Estatuto de funcionamiento del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). Exactamente, en el punto 2 del anexo 2, se dice que los beneficios de estas ventas "se aplicarán para atender la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas (…) así como a los fines de profesionalización y modernización de la Defensa".
Las memorias anuales presentadas por el INVIED -la última es la de 2021- indican que este órgano del Ministerio de Defensa tuvo unos ingresos por ventas y enajenación de patrimonio inmobiliario de 310,5 millones de euros en el periodo 2018-2021. Exactamente, 92 millones de euros en el año 2018; 93,2 millones en el año 2019; 57,1 millones de euros en el año 2020; y 68,2 millones en el año 2021.
Las cifras de 2022 deberían ser récord, aunque todo depende realmente del año en el que computen. La operación más suculenta es la de los cuarteles de Loyola, en San Sebastián, por cuyos terrenos el ayuntamiento donostiarra pagará 73 millones. Le sigue a continuación la venta de los antiguos cuarteles de Som Busquets, en Palma de Mallorca, por los que se pactaron 43 millones. Después unos terrenos en Getafe, junto a la base aérea, por 34,5 millones.
El pelotazo de la Operación Campamento
Dejando a un lado el plan anunciado por el Gobierno y las anteriores ventas, el mayor negocio inmobiliario del Ministerio de Defensa hasta la fecha ha sido la Operación Campamento, que supondrá el ingreso en las arcas del departamento que dirige Margarita Robles de 260 millones de euros. Ése es el justiprecio que una tasadora independiente ha puesto por casi 1,5 millones de metros cuadrados situados a ambos lados de la A5, en el suroeste de Madrid.
El proyecto se puso en marcha en 2005, con José Bono al frente de la cartera de Defensa, pero la llegada de la crisis económica de 2008, con su correspondiente crack inmobiliario, dejó paralizado el proyecto. Más allá de buenas intenciones políticas, nada se volvió a mover hasta junio de 2022, cuando los equipos del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes empezaron a negociar la firma del convenio que desbloquease la operación.
El mismo se firmó finalmente el pasado 19 de octubre, en un acto grandilocuente y pomposo que se celebró en el Palacio de la Moncloa, en el que Pedro Sánchez apadrinó a Margarita Robles y Raquel Sánchez ante la atenta mirada de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. En ese momento, ya solo quedaba que Hacienda entregase el dinero en Transportes para que este departamento hiciese el pago a Defensa. Esa primera entrega de dinero fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 4 de abril. Ahora solo falta que Transportes envíe el dinero a Defensa.
A partir de ese momento, será el Ministerio de Transportes y su organismo competente, el SEPES (Entidad Pública Empresarial del Suelo), los que tendrán que gestionar con el ayuntamiento de Madrid cómo se realiza el plan de urbanización, que se prolongará durante bastantes años. Mucho antes de que la primera vivienda se levante en la zona, el Ministerio de Defensa habrá invertido ya los 260 millones de euros en material y armamento para modernizar las Fuerzas Armadas.