En plena cuenta atrás para las elecciones autonómicas, Emiliano García-Page vuelve a situarse en el foco de la polémica y, una vez más, lo hace a cuenta de la batalla abierta con los agricultores de Castilla-La Mancha. La Plataforma en Defensa de la Agricultura y la Ganadería Ecológicas acaba de registrar en el Tribunal Superior de Justicia una nueva querella por prevaricación contra el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, al que ya habían denunciado ante la fiscalía por una presunta revelación de información privilegiada.. El motivo: el "drástico" e "injustificado" recorte de ayudas aplicado al sector con carácter retroactivo que habría sido perpetrado por este tras la llegada al poder del PSOE en el año 2015, "saltándose las normas más elementales del procedimiento que regula la concesión de subvenciones" y condenando a miles de agricultores a la quiebra.
"Han hecho las cosas a capricho. Han actuado como si fuera su cortijo. Se han saltado todas las normas lógicas porque les ha dado la gana", denuncia en declaraciones a Libertad Digital el presidente de la plataforma, Anastasio Yébenes, que alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se aporta a la causa y que establece que "una vez que la subvención ha sido anunciada y regulada normativamente, termina la discrecionalidad". Dicho de otra forma: una vez publicadas las ayudas, no se pueden cambiar las reglas del juego, puesto que, de lo contrario, como denuncian los agricultores, lo que se genera es inseguridad jurídica.
Miles de agricultores arruinados
Los perjudicados, los 5.373 solicitantes, que contaban con una partida que, en el caso de los herbáceos, por ejemplo, se redujo a un tercio de lo inicialmente previsto. "La gente contaba con una cantidad y en base a la misma tomó decisiones. En mi caso, actualicé los contratos subiéndolos un 10%, porque en cinco años no se habían actualizado y me encontré con que, al año siguiente, me bajaron las ayudas de 300 euros por hectárea que me habían prometido a 100 y con que yo ya tenía unos contratos firmados que tenía que cumplir, cuando ellos no iban a respetar el compromiso que habían adquirido al publicar la orden", denuncia Yébenes.
Los ejemplos son muchos y muy diversos: "Hubo gente que cambió el tractor porque lo tenía viejo y contaba con ese dinero. Otros incluso se metieron a comprar cosechadoras y luego se encontraron con que, si pensaban recibir 21.000 euros en un año, recibieron 7.000. Es decir, que cuentas con un dinero y resulta que luego te ves sin él y prácticamente arruinado, que es lo que le ha pasado a muchas familias".
La excusa del Gobierno de Page: la falta de presupuesto. Sin embargo, según el presidente de la Plataforma en Defensa de la Agricultura y la Ganadería Ecológica, tal explicación no se sostiene, ya que, según denuncia, el Ejecutivo socialista ha terminado devolviendo fondos europeos por no haberlos gastado. "El presupuesto global del Plan de Desarrollo Rural en el que se enmarcaban estas ayudas era de 2.000 millones de euros para los cinco años que duraba más las prórrogas que hubiese, y solo se han gastado 1.300. Con lo cual, no tiene ningún sentido que digan que recortan las subvenciones porque en teoría no tienen dinero y luego devuelvan 700 millones".
El origen de la polémica
En el año 2015, el Gobierno de Page heredó de su predecesora, María Dolores de Cospedal, el Plan de Desarrollo Rural que incluía las ayudas a la agricultura ecológica para el periodo 2014-2020 y que, en un 75%, vienen cofinanciadas por la Comisión Europea. El Partido Popular había sido el encargado de redactarlo y enviarlo a Bruselas, tras lo cual, el 27 de marzo, publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria de las mencionadas subvenciones. Tal y como se establecía, éstas se podrían solicitar hasta el 15 de mayo de 2015.
Nueve días después, y una vez cerrado el plazo de recepción de solicitudes, se celebraban las elecciones autonómicas que daban el poder al PSOE. Los agricultores jamás pensaron que ese vuelco electoral podría pasarles factura, puesto que la convocatoria no solo había sido publicada, sino que ya estaba cerrada. Sin embargo, hasta en dos ocasiones —primero en agosto y después en octubre—, el nuevo Gobierno de García Page modificó la cuantía de las ayudas a la agricultura ecológica, recortándolas drásticamente.
La ecología exige subvenciones
El problema que subyace detrás de la polémica es la falta de rentabilidad de la agricultura ecológica. "Es absolutamente inviable sin subvenciones, porque supone unos gastos adicionales y unas pérdidas de ingresos respecto a la agricultura convencional que hace que uno sólo se plantee apostar por ella si la Administración le cubre ese sobrecoste", explica Yébenes.
Precisamente por eso, el Gobierno de Castilla-La Mancha, como tantos otros, encargó un informe a la empresa pública Tragsatec para cuantificar las ayudas que se deberían aprobar a fin de compensar a aquellos que se decantasen por la agricultura ecológica. Dicho informe -que, según los querellantes obraba en poder del consejero de Agricultura- establecía, por ejemplo, que en el caso de los herbáceos se deberían pagar 315,2 euros por hectárea. Es decir, más incluso que lo aprobado por el PP. Sin embargo, el PSOE terminó reduciendo la subvención a 100 euros.
"Lo que no tiene sentido es que pagues 2 millones de euros por un estudio que te dice que para compensar las pérdidas se necesitan más de 300 euros y luego no le hagas ni caso, porque la visión altruista y romántica está muy bien, pero eso no te da de comer", concluye Yébenes.