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Marruecos y la península, posibles puntos clave del voto fraudulento en las elecciones de Melilla

Las Fuerzas de Seguridad tratan de evitar que las redes mafiosas saquen los votos por correo de la ciudad para tratar de saltarse los controles.

Las Fuerzas de Seguridad tratan de evitar que las redes mafiosas saquen los votos por correo de la ciudad para tratar de saltarse los controles.
Vista de la ciudad de Melilla | Wikipedia - cc Miesbo71

La compra-venta de votos en la ciudad autónoma de Melilla para las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 28 de mayo está generando una de las grandes polémicas de la campaña electoral. Tanto, que ha obligado a los juzgados locales a abrir una investigación para tratar de descubrir quién se encuentra detrás de los hechos, además de obligar al Gobierno a tomar medidas para tratar de frenar la situación.

El voto fraudulento en Melilla no es algo nuevo. Hace años que hay acusaciones cruzadas entre los diferentes partidos sobre este asunto, ratificado por el disparatado número de peticiones de voto por correo que hay en la ciudad autónoma. Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, las solicitudes la pasada semana, al cerrarse el plazo, había alcanzado el número de 11.707, lo que supone el 20 por ciento del censo, cuando en el resto de España está de media en el 3 por ciento del censo.

Hasta este lunes, según los datos del departamento de Fernando Grande Marlaska, sólo se han validado 1.302 votos, es decir, tan sólo el 11,12 por ciento de los votos por correo que se han solicitado en la ciudad autónoma.

El Gobierno ha modificado un aspecto clave que puede dificultar la compra-venta de voto y es el hecho de que el votante tenga que presentar su DNI en Correos antes de emitir su sufragio, algo que no era necesario hasta ahora y que hacía que una persona sin identificar pudiese depositar el voto de muchas personas sin necesidad de grandes explicaciones ni de tener que dejar sus datos personales asociadas a esa emisión múltiple de votos de otras personas.

Además de esta, el Ministerio del Interior tomó otra medida para tratar de garantizar la limpieza de las elecciones, que fue la de ubicar controles de la Guardia Civil en el puerto y el aeropuerto de la ciudad para que nadie abandone la misma con un número no justificado de votos por correo o unos votos por correo de personas con las que no pueda demostrar que tiene una relación suficientemente cercana como para hacerles ese favor.

El objetivo de todo ello es evitar que esos votos puedan ser depositados en oficinas de Correos fuera de Melilla y así saltarse el control del voto por correo que se está realizando allí. La ciudad tiene conexión aérea con Almería, Barcelona, Granada, Málaga, Madrid y Sevilla, además de tener conexión marítima por ferry con Almería, Málaga y Motril (Granada). En toda España se empezará a pedir también el DNI para votar en Correos para evitar ese fraude.

Además de sacar el voto por Melilla, las Fuerzas de Seguridad también están alertas en la frontera con Nador (Marruecos), donde las autoridades marroquíes interceptaron la pasada semana medio centenar de votos por correo melillense. El objetivo, era llevarlos a la península desde Nador, que tienen conexiones con España vía aérea con Barcelona, Málaga, Madrid y Palma, además de vía marítima con Almería, Barcelona y Motril (Granada).

Las investigaciones policiales siguen buscando al culpable del intento de fraude masivo de estas elecciones. Algunos partidos en la ciudad apuntan directamente al PP, mientras que otros señalan al partido de corte islámico Coalición por Melilla (CpM). De hecho, el presidente de este partido, Mustafá Aberchán, ya ha pedido que se suspendan las elecciones, lo que algunos rivales políticos consideran que es una trampa para que él mismo pueda presentarse si se retrasan unos meses.

Mustafá Aberchán fue condenado e inhabilitado temporalmente por el Tribunal Supremo en 2021 por haber creado una trama de compra-venta de votos por correo para la votación de las elecciones generales de 2008, específicamente, para el Senado, donde su partido fue en coalición con el PSOE. El alto tribunal condenó e inhabilitó entonces a una quincena de altos cargos de CpM y el PSOE por la compra de votos.

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