Las numerosas querellas y denuncias interpuestas por los agricultores contra el Gobierno de Emiliano García-Page amenazan con pasarle factura en las urnas. Sin embargo, a falta de tan solo unos días para las elecciones autonómicas, la Fiscalía ya ha empezado a salir al rescate del candidato socialista. En un decreto fechado el pasado lunes 22 de mayo, el Ministerio Público ordena el archivo de la denuncia presentada por la Plataforma en Defensa de la Agricultura y la Ganadería Ecológicas por un posible delito de revelación de información privilegiada.
Se trata de un escrito remitido en marzo a la Fiscalía, en el que los agricultores le pedían que investigara la gestión del consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, y su número 2, Agapito Portillo Sánchez, a quienes acusaban de haber facilitado de forma privilegiada el borrador o proyecto de la nueva convocatoria de la ayuda o subvención a la agricultura ecológica a algunas empresas o entidades de certificación antes de su aprobación.
Dos meses después, y sin hacer indagaciones de ningún tipo, el Fiscal de Castilla-La Mancha, Francisco Ramón Sánchez Melgarejo, despacha el asunto asegurando que "los hechos descritos se hacen de una manera vaga e imprecisa" e instando, en todo caso, a los denunciantes a presentar una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. Se da la circunstancia de que este órgano ya tiene en sus manos otra querella contra el mismo consejero, presentada la semana pasada, pero por otros hechos diferentes: concretamente, por el recorte "injustificado" y retroactivo a las ayudas a la agricultura ecológica que dejó en la quiebra a muchos castellano-manchegos tras la llegada al poder del PSOE en 2015.
La información es poder
La denuncia por revelación de información privilegiada se remonta al pasado 20 de marzo y se suma a la también presentada por la Unión de Uniones, que todavía no ha recibido respuesta. En ella, los agricultores ecológicos advertían a la Fiscalía de las sospechas que apuntaban a una posible revelación de antemano a determinadas personas y empresas de los requisitos que a posteriori se iban a exigir para poder acceder a las ayudas destinadas al sector. De esta forma, según denunciaban, todos sus clientes podrían hacer las gestiones necesarias para cumplirlos.
Entre los ejemplos, algunos más que evidentes: "En el caso de que la futura Orden de ayuda a la agricultura ecológica priorice más a los agricultores que nunca han estado en agricultura ecológica, los que sepan dicha información pueden cambiar la titularidad de la explotación a otra persona y así cobrar la ayuda". La supuesta filtración cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que la subvención de 160 millones de euros sólo llegará para cubrir el 42% de la superficie actual dedicada a la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha. "Por tanto, quienes han recibido la información privilegiada van a poder posicionarse en el mercado y hacer las gestiones necesarias para cobrarla", reiteran los agricultores.
El beneficio para las entidades certificadoras tampoco es baladí. Para poder acceder a las ayudas, los agricultores tienen que pasar cada año una inspección o auditoría por la que se cobra entre 4 y 6 euros por hectárea. De esta forma, según los denunciantes, auditar toda la superficie "supone unos ingresos para las empresas certificadoras o auditoras de entre 8.250.000 euros y 12.360.000 euros y, lógicamente, cuantos más agricultores ecológicos consiga la empresa auditora o certificadora gracias a la información privilegiada, más ingresos tendrá".