La asociación Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero ha descubierto que una de las terroristas condenadas incluidas en las listas electorales de EH Bildu para las elecciones locales y autonómicas de este domingo aún no ha cumplido su pena de inhabilitación.
En un escrito 6 páginas remitido al servicio de ejecutorias de sentencias de la Audiencia Nacional, la Junta Electoral Central (JEC) y la Junta Electoral de San Sebastián, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Dignidad y Justicia denuncia "la causa de inelegibilidad prevista en el art.6.2 LOREG en la que está incursa la candidata incluida en la posición diez, por la formación política EH Bildu a las elecciones municipales en la localidad de Astigarraga (Guipúzcoa), Sara Majarenas y por solicitada la IMPUGNACIÓN Y ANULACIÓN de dicha candidatura a dichos comicios municipales".
La terrorista Sara Majarenas fue condenada en septiembre de 2007 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como autora de un delito de integración en organización terrorista a la pena de ocho años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años; como autora de un delito continuado de falsedad en documento oficial con finalidad terrorista a la pena de 2 años y siete meses de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de 10 euros; y como autora de un delito de tenencia ilícita de armas con finalidad terrorista a la pena de 2 años y 7 meses de prisión.
Según el escrito, "tal y como establece la propia sentencia, la pena principal de inhabilitación absoluta se impuso por tiempo superior en 10 años a las de prisión impuestas, y, habiendo salido de prisión el 9 de abril de 2018, SARA MAJARENAS IBARRETA no tiene extinguida dicha pena principal de inhabilitación absoluta". Esta etarra ingresó en prisión el 17 de febrero de 2005 y salió de la misma, el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y 2 meses de privación de libertad.
El artículo 6.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, en redacción otorgada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, dispone que "Son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".
Recordamos que Dignidad y Justicia denunció ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional las candidaturas de 44 etarras condenados presentadas bajo las siglas de EH Bildu por delitos de terrorismo. La Fiscalía respondió entonces que "para un riguroso análisis de la denuncia, se han recabado las hojas histórico-penales de las personas condenadas a las que se hace expresa referencia en el escrito de denuncia. Del examen de esta documentación no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos encontramos ante un supuesto de inelegibilidad de los previstos en el art.6.2LOREG…".
Tras el escrito de Dignidad y Justicia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha comunicado a la Junta Electoral que la candidata de EH Bildu aún no ha cumplido su inhabilitación.
"No tiene extinguida su pena de inhabilitación absoluta"
La asociación subraya en su escrito que "la forma idónea de ver si una pena de inhabilitación absoluta o especial, concretamente por una condena de terrorismo, no es acudir a la hoja histórico penal del condenado, que como reiteramos, en un alto porcentaje de casos no aparece la fecha de extinción de la pena de inhabilitación absoluta o especial, o está desactualizada, sino a la liquidación de condena practicada por los Letrados de la Administración de Justicia del Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional".
"La candidata, por la entidad política EH Bildu al municipio de Astigarraga, SARA MAJARENAS IBARRETA, habiendo extinguido definitivamente su pena de prisión por pertenencia a organización terrorista, falsedad documental y tenencia ilícita de armas con fines terroristas, el 9 de abril de 2018, y, teniendo impuesta una pena principal de inhabilitación absoluta por tiempo superior en diez años a la las penas de prisión impuestas, no tiene extinguida su pena de inhabilitación absoluta, la cual se extendería hasta el año 2028, por lo que procede anular la misma", concluye.