La última semana de campaña para las elecciones municipales, forales y autonómicas de este 28M se está viendo enrarecida por los escándalos relacionados con las sospechas de compra-venta de votos por correo en diferentes puntos de la geografía española. Una situación que ha desencadenado varias operaciones policiales llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad del Estado para preservar la limpieza de los comicios.
El punto de salida fue Melilla, donde los cuerpos policiales detuvieron a una decena de personas y donde todo apunta a que el partido que mecía la trama de la compra-venta de votos era Coalición por Melilla (CpM), un formación de corte islámico y promarroquí. Y, de momento, se cierra con Mojácar, Almería, donde la Guardia Civil ha detenido a siete personas, entre ellas a los número 2 y 5 del PSOE. Ofrecían dinero y promeses de un empleo público a cambio del voto.
Más allá de las acusaciones cruzadas entre partidos políticas, las investigaciones de fiscalías o la operaciones puntuales de las Fuerzas de Seguridad, la realidad es que, de momento, solo ha habido en España una sentencia firme por la compra-venta de votos para unas elecciones. Es decir, una resolución judicial que pone fin al proceso, produciendo el efecto de cosa juzgada, sin que ninguna de las partes pueda tener opción de realizar ningún otro movimiento judicial.
Esa sentencia firme fue emitida en el año 2021 por el Tribunal Supremo y condenada a las cúpulas del PSOE y de Coalición por Melilla por el intento de comprar votos para las elecciones generales del año 2008, que terminó ganando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión, socialistas e islamistas promarroquíes se presentaran en coalición para el Senado, votación para la que compraron los sufragios.
El alto tribunal ratificó la condena impuesta en 2018 a 17 dirigentes de ambos partidos por parte de la Audiencia Provincial de Málaga, entre los que estaban incluidos el presidente de CpM y expresidente de la ciudad, Mustafá Aberchán, y el entonces secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz Pérez. Ambos líderes fueron condenados a 2 años de cárcel —ninguno entró en prisión— y 30 meses de inhabilitación, razón por la que no pueden ser candidatos este 28-M.
La estrategia que utilizaron los dos partidos en aquel momento fue similar a la que se ha intentado utilizar ahora en Melilla o Mojácar y se basan en aprovecharse del vacío que existe en el voto por correo, según el cual la persona debe identificarse para recoger su voto por correo en Correos pero no para depositar el voto —algo que está cambiando este 28-M—, por lo que una misma persona podía entregar centenares de sufragios sin ser identificada.
Dirigentes de PSOE y Coalición por Melilla ofrecieron dinero e, incluso, promesas de futuros empleos públicos en la ciudad autónoma si obtenían alguno de los dos senadores que estaba en juego por Melilla en aquellas elecciones, aunque la realidad es que los dos electos a la Cámara Alta terminaron cayendo del lado del Partido Popular por 1.370 (en el caso de la socialista María Cruz Escribano de la Cal) y 1.870 sufragios (en el caso del cepemista Mustafa Hamed Moh Mohamed).
Aquel 2008 fue el primer año en el que el voto por correo se disparó en la ciudad. Mientras la media en el territorio nacional es una petición aproximada del 2,5 por ciento, en Melilla pasó del 5,39 por ciento de 2004 al 11,42 por ciento de 2008. Aun así, unas cifras todavía muy alejadas del 20-25 por ciento sobre el censo que se había registrado para las elecciones municipales de este domingo.