Jordi Sànchez y Laura Borràs son dos de los dirigentes separatistas que más se han caracterizado por darse golpes en el pecho y reivindicar su condición de supuestos represaliados, víctimas de una presunta sed de venganza del Estado, objetivos de una persecución dantesca y terrorífica por parte de la (in)justicia española, etcétera, etcétera. Se agotan los calificativos. Borràs, condenada por trocear contratos, asegura que ha sido sentenciada por su ideología. Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (AN) que fue indultado por Pedro Sánchez, se considera uno de los "mártires" del proceso independentista.
Sin embargo, Borràs, a la que ya se le ha retirado su escaño y su condición de presidenta de la cámara autonómica, cobrará a partir de ahora unos 8.000 euros al mes hasta llegar a los 451.000 euros, cantidad que supone el 80% del salario de presidente del Parlament durante una legislatura. Y todo ello a pesar de una condena a 4,5 años de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.
En cuanto a Sànchez, la eliminación del delito de sedición ha acortado tanto su periodo de inhabilitación que acaba de ser fichado como cargo público y de confianza de la defensora del pueblo catalán, Esther Giménez-Salinas, y cobrará nada menos que 93.663,12 euros al año, según desveló el diario ABC. A cargo de Sànchez correrá el área de Derechos Sociales de la sindicatura.
La trayectoria de Sànchez
Sànchez lo ha sido todo en el movimiento independentista y trabajó para la sindicatura entre 2010 y 2015, cuando accedió a la presidencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Durante el tiempo que lideró esa organización, entre 2015 y su ingreso en prisión en octubre de 2017, Sànchez ejerció de máximo responsable del "Observatorio de los Derechos" de la Fundación Universidad Pompeu Fabra (UPF). Su sueldo en dicho "observatorio" fue sufragado por la Fundación La Caixa que entonces dirigía Jaume Giró, quien hace un par de años dio el salto a la política de la mano precisamente de Sànchez, quien lo propuso como consejero de Economía en el gobierno regional de coalición entre ERC y JxCat