Un militante de Podemos en situación extrema decidió publicar una carta abierta contra Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Afirmaba que no tenían "ni idea de combatir la pobreza". Lo hizo a través de Libertad Digital. Y sólo un día después, el Ayuntamiento de Esparraguera donde él vive le ha castigado. Se encuentra en situación de extrema pobreza tras haber sido okupada su casa y no poder desalojar a los okupas. Y el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE y los Comunes de Ada Colau, le ha negado la ayuda inmobiliaria y lo ha dejado en la calle por "carencia de voluntad manifestada por el Sr. Jané de trabajar en los objetivos vinculados a la mejora de su situación económica".
Sólo un día después de hacer pública su carta de protesta por el espectáculo dado por la distintas marcas del podemismo, peleando por sus cargos mientras han fracasado en la "lucha contra la pobreza" en España, como sostiene Josep Jané, este militante de Podemos -marginado ya previamente en el partido por haber protestado por la elusión de responsabilidades de Iglesias durante el Covid- ha sido castigado de la manera más severa: pese a ser una persona plenamente vulnerable y en situación de pobreza tras ser okupada su pasa, ha sido privado de ayuda por, en primer lugar, tener casa, y, en segundo lugar, justo por el argumento contrario, por no tenerla y no hacer lo suficiente por tenerla.
El informe del Ayuntamiento que hoy reproduce Libertad Digital refleja semejante locura en sólo dos páginas: una primera donde niega su casa y otra donde se la reconoce. Pero en ambos casos para negar las ayudas que Podemos promete de continuo. El texto de la respuesta del ayuntamiento a sus reclamaciones, fechado este miércoles 7 de junio señala que "a pesar de asistir a las entrevistas, el Sr. Jané no ha cumplido de forma específica con los siguientes acuerdos hasta el momento actual: trámite del Ingreso Mínimo Vital; trámites de ayuda municipal de alimentos; no consta inscrito en la Xarxa Xaloc [una red de Administraciones Locales y Comarcales de Vivienda], en relación a la búsqueda activa de trabajo propuesta; solicitud de valoración de grado de dependencia".
Y, "dada la situación expuesta, ante la carencia de voluntad manifestada por el Sr. Jané para trabajar en los objetivos vinculados a la mejora de su situación económica de forma que le fuera posible disponer de una vivienda a su cargo, se hace la propuesta de modificación del Plan de Intervención con la finalización de la prestación de urgencia de alojamiento temporal y se le da cita para continuar trabajando su situación en caso de que lo considere". El texto le saca de su actual alojamiento social en un hostal y le dirige, "dada la situación, en caso de que no disponga de red familiar o relacional que le pueda apoyar", a que "pueda acceder a la Red Pública de albergues y de acogida de urgencia".
Nuevo trámite sin garantía alguna, porque "con el fin de facilitar este proceso se le facilita un documento adjunto ( Anexo I) con las direcciones y contactos del albergues y recursos de acogida de urgencia de la Red pública".
Para colmo, en el mismo informe municipal se relata que el Sr. Jané "refiere durante las entrevistas de seguimiento que él no pretende mejorar su capacidad económica contemplada en los objetivos del Plan de Intervención y que pide a los Servicios Sociales Básicos que se le devuelva su piso". Porque su casa está okupada. "Ante la demanda explicita del Sr. Jané de que los Servicios Sociales le devuelvan su vivienda, se le vuelve a aclarar los siguientes aspectos […]: Que los Servicios sociales básicos no tienen competencia para devolver un piso privado, en ningún supuesto". Y, para colmo, más tarde se le dice que "que, atendiendo a la situación de no disponer de vivienda, los servicios sociales se coordinan a fin de valorar la solicitud de mesa de emergencia".
Traducido: se le dice que no hace lo suficiente por salir de la pobreza, se le niega el desalojo de su casa y simultáneamente se le afirma que "no dispone de vivienda". Y todo ello con la misma conclusión: a la calle o a un albergue de urgencia.
Y todo ello tras criticar que mientras Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra, Ángela Rodríguez Pam, Íñigo Errejón, Pablo Echenique y un largo etcétera de cargos comunistas siguen pegándose por ver sus puestos en un hipotético pacto de izquierdas o por no ver a otros en lo que consideran que son sus cargos, Josep J. Pallás, antiguo militante de Podemos, ha decidido ha decidido criticar que "Pablo Iglesias, Ada Colau y Yolanda Díaz" le han defraudado por completo.
"Soy militante de Podemos con cuarenta años de activismo social, soy de izquierdas y mi perfil es el de un hombre de 60 años calificado en riesgo de exclusión social extrema, tengo un piso de mi propiedad con una Ejecución Hipotecaria pendiente en la ciudad de Esparreguera (Barcelona) pero está okupado y vivo literalmente en la calle", afirma en su carta publicada en Libertad Digital.
La carta da más detalles de su vida: "En mi ciudad, Esparreguera, gobierna una coalición de izquierdas entre PSC y Cataluña en Comú, de Ada Colau. La Concejalía de Servicios Sociales la gestiona ésta última formación política. El Ayuntamiento dispone de un piso para emergencias habitacionales pero lo tienen vacío por sus propios intereses". "Solicité la intervención del servicio de mediación municipal para intentar mediar con la familia okupa y el propio Concejal de Servicios Sociales boicoteó el proceso y no se produjo", añade.
"Durante la campaña electoral de las municipales me sacaron de vivir en la calle y el Ayuntamiento pagó un hostal para que no molestara, una vez finalizada la campaña electoral el próximo 8 de junio no se hacen cargo y volveré a vivir en la calle". Y su conclusión es rotunda: "Todos los resortes de la izquierda contra la pobreza una vez más han vuelto a fallar. Sólo me queda una única opción y es solicitar la mediación a través de la empresa Desokupa, pero no puedo pagar sus honorarios ya que cobro una ayuda social de 480€ al mes. Hablaré con Dani Esteve para que tenga a bien dejarme pagar a plazos su intervención mediadora si acoge mi caso. Mi caso no es único y hay muchísima gente que está como yo y peor que yo".
"Está más que demostrado que cuando la supuesta y presunta izquierda transformadora alcanzamos el poder político en pueblos, ciudades, comunidades autónomas y en el propio Estado los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y la calidad de vida retroceden a marchas forzadas, no es un problema de ideología, sino de las personas que dirigen el proceso ideológico, que en su ambición de alcanzar el poder personal y lograr un mejor status social y económico al ser diputados y representantes, obvian por completo sus orígenes y compromisos", concluye.