El acuerdo de equiparación salarial que firmaron en el año 2018 el Ministerio del Interior –que entonces tenían al popular Juan Ignacio Zoido al mando– con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional fue uno de los mayores éxitos de estos últimos casi desde el inicio de la democracia, pese a que no consiguieron el objetivo final, cobrar el mismo salario que las policías autonómicas.
Guardias civiles y policías nacionales consiguieron una importante subida salarial que se hizo efectiva en tres años (de 2018 a 2020), mayor que la que ha tenido ningún otro colectivo de funcionarios en las últimas legislaturas. Fernando Grande Marlaska cumplió con su parte en este sentido –con las subidas de sueldo– cuando llegó al Ministerio del Interior, pero se cerró de plano a negociar algunos de los puntos pendientes que todavía quedaban.
La justicia ha dado un importante varapalo al máximo responsable de la seguridad en España en las últimas horas. Un fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, obliga al equipo de Marlaska a renegociar con los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles algunos de esos puntos que se habían quedado en el tintero.
La resolución judicial estima el recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (Ases-GC), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) y ordena al Ministerio del Interior "iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava con los firmantes del acuerdo".
Exactamente, el punto 3 decía que "se destinarán 100 millones de euros cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo", mientras el punto 8 mantenía que "el Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones".
La cercanía de las próximas elecciones generales, que se celebrarán el domingo 23 de julio, y la posibilidad que de las mismas salga un gobierno de un color diferente, abre la posibilidad de que finalmente no tengan que ser Marlaska y su equipo los que se sientan a negociar con los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles para dar cumplimiento a estas dos cláusulas por imperativo judicial.
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