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El juez cita al testigo que aseguró haber entregado dinero del grupo Prisa a Garzón cuando asumió el caso Sogecable

La Fiscalía Anticorrupción considera "útil y pertinente" la citación como testigo de Manuel Lozano en esta causa.

La Fiscalía Anticorrupción considera "útil y pertinente" la citación como testigo de Manuel Lozano en esta causa.
Baltasar Garzón. | EFE

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la citación del testigo que aseguró haber entregado dinero del Grupo Prisa a Baltasar Garzón cuando el entonces magistrado asumió el caso Sogecable tras la recusación del juez Javier Gómez de Liaño. En su declaración en sede judicial, el propio Gómez de Liaño identificó a este testigo con el nombre de Manuel Lozano y ahora el Juzgado deberá concretar la fecha de su comparecencia.

La Audiencia Nacional investiga en este caso el encargo realizado al comisario José Manuel Villarejo por parte del grupo PRISA con el objetivo de apartar al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1, Javier Gómez de Liaño, del caso Sogecable.

La Fiscalía Anticorrupción se mostró el pasado mes de diciembre favorable a citar a Lozano. En su escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recordaba que Gómez de Liaño en su comparecencia en sede judicial "afirmó que una persona, a la que identificó como Manuel Lozano, le había reconocido que había recibido del Grupo PRISA una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y se la había entregado personalmente, en su despacho oficial en la sede de la Audiencia Nacional, a Baltasar Garzón, por aquellas fechas Magistrado-Juez titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5, sustituto legal del titular del Juzgado Central nº 1 y que se hizo temporalmente cargo de la tramitación de aquellas diligencias penales cuando Javier Gómez de Liaño resultó recusado".

"Las manifestaciones del testigo, vienen a confirmar, en este punto, la denuncia interpuesta por José Manuel VILLAREJO PÉREZ ante el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid con fecha 9 de octubre de 2019, - documento denominado "Denuncia SOGECABLE Plza Castilla.pdf" obrante en las presentes actuaciones, en la que se hace referencia a una reunión entre VILLAREJO y Baltasar Garzón en el restaurante Lur Maitea sito en la calle Fernando el Santo nº 4 de Madrid, mismo restaurante en el que se preparó la operación contra este juez, en clara referencia al por entonces Magistrado- Juez Javier Gómez de Liaño", añadía Anticorrupción en su escrito.

"En todo caso, estas manifestaciones del testigo deben ser tomadas con la cautela exigible a los testimonios de los testigos de referencia, y aunque el testigo precisó el origen de la noticia y designó con su nombre y apellido a la persona que se la comunicó, en los términos previstos en el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta por ello pertinente para un mejor esclarecimiento de los hechos recabar el testimonio directo sobre estos hechos. En atención a las consideraciones expuestas el fiscal considera útil y pertinente la citación como testigo del llamado como Manuel Lozano, a cuyo fin se solicita que se requiera previamente a la representación procesal del perjudicado Javier Gómez de Liaño Botella para que facilite su filiación completa y domicilio donde pueda ser citado por el Juzgado", concluía la Fiscalía.

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Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado.

La historia del caso Sogecable

Javier Gómez de Liaño cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional asumió en 1997 la investigación contra el Grupo Prisa (Canal Plus y Sogecable) por posibles delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación a los 23.000 millones de pesetas (138.232.784 euros) de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión de pago.

En el marco de dicho procedimiento, el magistrado impuso de forma cautelar a Jesús de Polanco (expresidente del Grupo Prisa), una fianza de 200 millones de pesetas. Después, procesó al propio Polanco, a Juan Luis Cebrián (exconsejero delegado del Grupo Prisa) y a todo el Consejo de Administración de Sogecable, por falsedad documental y apropiación indebida en los fondos de los abonados. En 1998, Polanco lo denunció por prevaricación y el magistrado fue procesado.

Gómez de Liaño recusó en febrero de 1999 a los tres miembros de la Sala de lo Penal del Supremo que ratificaron su procesamiento por prevaricación y dictaron auto de apertura de juicio oral contra él para juzgarlo: Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez Pereda. Éste último magistrado emitió un voto particular discrepante expresando su disentimiento "por no haberse decretado el sobreseimiento libre, al no ser los hechos de la causa constitutivos de delito alguno, como han solicitado, no sólo el procesado sino el propio ministerio fiscal". Según el fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, padre del actual fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, los hechos no eran constitutivos de delito de prevaricación, ni de infracción penal alguna.

Liaño entendía que habían perdido la imparcialidad objetiva para juzgarle por haber dictado dichas resoluciones. En el caso de Bacigalupo, le recusaba también por "amistad íntima" con el abogado de Sogecable, Antonio González Cuéllar, y por interés directo o indirecto en la causa. Sin embargo, dicha recusación resultó fallida.

Los tres magistrados del Supremo lo condenaron a 15 años de inhabilitación especial para cargo público, con la pérdida definitiva de su cargo de juez. La sentencia contó con los votos favorables de los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo. Por su parte, José Manuel Martínez-Pereda formuló de nuevo un voto particular discrepante con la decisión de sus dos compañeros más extenso que la propia sentencia.

En el año 2000 recibió un indulto del gobierno presidido por José María Aznar para volver a la carrera judicial y en 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor recordando "la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables" y estimando que "las quejas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional español que lo juzgó y lo condenó del demandante Gómez de Liaño pueden ser consideradas objetivamente justificadas". El argumento es que los tres magistrados que la componían (Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Martínez-Pereda y Rodríguez), ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso.

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