La Fiscalía investiga el caso de la enfermera andaluza que fue investigada y despedida de un hospital catalán por haber criticado en redes sociales los requisitos lingüísticos para poder optar a una plaza fija en la región. El Ministerio Público entiende que el linchamiento en redes sociales que sufrió la profesional sanitaria podría ser constitutivo de un delito de odio y abrió diligencias el pasado 21 de abril tras una denuncia interpuesta por Impulso Ciudadano, entidad constitucionalista que preside José Domingo.
El texto de la denuncia, que ha difundido El Mundo, incide en que los insultos contra la enfermera subrayan su condición de andaluza y castellanohablante y que muchos usuarios de las redes sociales no sólo exigían que fuera despedida del hospital Valle de Hebrón sino que además fuera expulsada de Cataluña. Así, Impuso Ciudadano sostiene que los hechos encajan en las conductas perseguidas por la ley catalana de igualdad de trato y no discriminación. En concreto, señala que la norma pretende "erradicar cualquier actuación o comportamiento que pueda atentar contra la dignidad de las personas y contra el libre desarrollo y la libre expresión, sin ningún tipo de discriminación de la propia personalidad y de las capacidades personales".
La enfermera difundió un vídeo en el que criticaba los requisitos lingüísticos para acceder a una plaza fija en el sistema sanitario catalán. La joven, natural de Cádiz, se quejaba de que la Generalidad imponga el conocimiento del catalán a los profesionales del resto de España que fueron reclutados por la sanidad de Cataluña durante la pandemia para obtener una plaza en propiedad y lo hacía en estos términos: "El puto nivel C de catalán" y "se sacará el nivel C-1 de catalán mi madre, porque yo no".
Sindicatos afectos al separatismo viralizaron el vídeo de Tik Tok y desencadenaron la furia tuitera del independentismo. Hasta el consejero de Sanidad, Manel Ballcels, se sumó al hostigamiento y prometió a través de Twitter que la sanitaria sería sometida a una investigación y se le abriría un expediente. La dirección del hospital criticó el vídeo y la administración autonómica activó sus mecanismos para que la enfermera fuera sometida a un auténtico tercer grado a cargo de un inspector de la consejería de Sanidad que se mostró particularmente duro. Además, no se le renovó el contrato de trabajo, de modo que la enfermera decidió abandonar Cataluña.
La denuncia que investiga la Fiscalía incide en el comportamiento del consejero Ballcels, que utilizó su cuenta de Twitter para anunciar el expediente contra la enfermera y cómo ese señalamiento "condujo a la proliferación de mensajes de odio en las redes sociales".