Este viernes PP y Vox han dado a conocer el contenido del pacto que permitirá que la derecha gobierne Extremadura tras ocho años del PSOE en el poder y el rechazo inicial de la candidata popular, María Guardiola, al pacto. En su comparecencia ante los medios, Guardiola ha señalado que su "palabra no es tan importante como el futuro de Extremadura".
El acuerdo incluye la entrada de Vox en el Gobierno con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y la elección del senador por designación autonómica que corresponde al PP. Además, ambos partidos han pactado un total de 60 medidas que constituyen, según ambos partidos, "una hoja de ruta clara para poner fin a las políticas socialistas que han lastrado el desarrollo de Extremadura". Según lo acordado, por encima de las "diferencias ideológicas", que han aflorado en estas negociaciones, se situará este pacto "por el interés general" de los extremeños para el que se creará un órgano de control y seguimiento presidido por el consejero designado por Vox.
Fuentes populares han resaltado que en un principio Vox pedía una vicepresidencia y dos consejerías del futuro gobierno, que al final se ha quedado en una pero de una importancia clave. Las mismas fuentes resaltan, sobre el pacto, que "el PP ha permitido la entrada de Vox en los lugares en los que su voto afirmativo era imprescindible para lograr la investidura" y defenderán su "legitimidad para gobernar en solitario donde somos la fuerza más votada y tenemos más escaños que toda la izquierda junta". En cuanto al pacto, el partido subraya que "no implica cesiones ideológicas": "el PP está protegiendo su ideología sin someter sus creencias a las exigencias de nadie".
Rebajas de impuestos
Las 60 medidas acordadas están recogidas en ocho epígrafes. El primero es el dedicado a la Economía, Fiscalidad y Empleo y contempla una "rebaja fiscal integral de impuestos" que se llevará al parlamento autonómico en los primeros cien días de gobierno.
La reforma incluirá la reducción del impuestos de Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Matriculación; así como la supresión del 100% del impuesto sobre el patrimonio. También se eliminará el de sucesiones y donaciones para la "mayoría" de los ciudadanos.
Además, entre otras medidas, se comprometen a reducir "drásticamente" el IRPF especialmente a los salarios medios y bajos, o una tarifa cero de dos años para autónomos cuyos rendimientos económicos anuales se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional.
Eliminar "trabas climáticas" al campo
El segundo de los apartados es el de mundo rural, agua y patrimonio natural, cuyas competencias recaerán en Vox, y que recoge, entre otras medidas, una revisión de las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura para compatibilizar la conservación con el desarrollo de las zonas rurales.
También recoge la puesta en marcha de un política forestal que permita usos y actividades tradicionales en los montes; así como una revisión de las "políticas verdes" y la PAC para evitar las perdidas de producción y el sobrecoste que soportan los productores extremeños. Asimismo, se eliminará "cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños".
Además, se contempla la protección de activos energéticos e industriales amenazados por motivos ideológicos, y se paralizará "por todos los medios posibles" la demolición de la presa de Valdecaballeros así como se exigirá que se rectifique el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, la primera de las que echarán el cierre según el calendario establecido por el Gobierno central.
También se expone la puesta en marcha de las reformas necesarias para contrarrestar los "perjucios" de la Ley de Bienestar Animal y preservar los derechos de los cazadores; y se priorizará la seguridad de las explotaciones agrarias frente a "cualquier tipo de delincuencia".
En Educación y Cultura, se garantizará la "neutralidad ideológica" de la enseñanza y se fomentará la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centro en todas las etapas; así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones. El pacto pretende avanzar en la "educación libre, gratuita y universal" desde los 0 grados y que no excluya a la red privada.
En Sanidad, se desarrollará un pan estratégico de lucha contra las listas de espera, que incluye una lista de espera única y voluntaria, además de la aprobación de un nuevo marco de Atención Primaria.
Mención a los discursos "machistas"
La coalición acuerda la aprobación de una ley integral de proyección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad; y se revisará todo el sistema y la normativa vigente en materia social con el fin de garantizar que las ayudas públicas llegan a las familias que más lo necesitan.
En otro punto, se acuerda defender los derechos de las familias, y trabajar para erradicar los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer. Desde el PP enfatizan la inclusión expresa en el pacto de la violencia machista "como un problema real que hay que erradicar". "Ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres", señalan tras las tensiones de días atrás.
El epígrafe sobre Libertad, Desarrollo Social y Económico refleja entre sus medida una nueva ley que sirva de reconciliación y a la concordia "real", y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018.
Reducción del gasto "ideológico"
Por otro lado, entre las medidas para reducir el Gasto político, acuerdan suprimir los organismos "innecesarios que no reportan en el bien general"; y revisarán la política de subvenciones de la Junta para acabar con el "despilfarro político e ideológico", de tal forma que "toda organización que reciba dinero público debe tener una utilidad pública demostrada".
Además, contempla una reducción "considerable" de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto a lo percibido en 2022.
En materia de Seguridad, plantean medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, de modo que recogen que los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personal es y materiales necesarios para proteger al afectado.