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Los fiscales del 1-O pedirán a Llarena reactivar la euroorden de detención y entrega de Puigdemont por malversación

Fuentes fiscales consultadas por LD afirman que "la Fiscalía solicitará reactivar al euroorden contra Puigdemont en el momento procesal oportuno".

Fuentes fiscales consultadas por LD afirman que "la Fiscalía solicitará reactivar al euroorden contra Puigdemont en el momento procesal oportuno".
El prófugo, Carles Puigdemont. | Europa Press

Los fiscales del 1-O están decididos a solicitar al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, la reactivación de la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, por un delito de malversación.

El Tribunal General de la UE (TGUE) despejaba este miércoles el camino para que el instructor del 1-O reactivase las euroórdenes contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, levantando su protección parlamentaria y avalando los suplicatorios concedidos por la Eurocámara para que Llarena pudiera procesarlos por el golpe.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "los fiscales de la causa Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno solicitarán a Llarena reactivar al euroorden de detención y entrega contra Puigdemont y el resto de fugados en el momento procesal oportuno, una vez se haya analizado la sentencia del Tribunal General de la UE y se haya revisado el resto de autos de la causa".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "los fiscales del 1-O pedirán al instructor reactivar las euroórdenes por malversación, sin descartar otros posibles delitos como desobediencia o desórdenes públicos. Aún se deben estudiar los delitos y sobre todo cuándo se presentará ante el instructor la petición para reactivar las OEDE".

Recordamos que las órdenes de entrega y detención europeas (OEDE) estaban vigentes hasta el pasado mes de enero, cuando el magistrado Pablo Llarena las dejó sin efecto a la espera de que se resolvieran dos cuestiones clave. La primera era la respuesta del Tribunal de Justicia (TJUE) a la cuestión prejudicial que el magistrado del Supremo planteó para que fijara el alcance de las euroórdenes después de que los jueces belgas se negaran a entregar al exconsejero catalán Lluís Puig.

El Alto Tribunal eliminó este primer obstáculo el 31 de enero al establecer que las autoridades judiciales que reciban las OEDE no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España. La segunda incógnita a despejar era, precisamente, el fallo conocido este miércoles sobre la inmunidad y los suplicatorios. Ahora, una vez retirado el blindaje y respaldados los permisos de la Eurocámara, el instructor del 1-O podría reactivar las euroórdenes.

Por su parte, Puigdemont presentará previsiblemente un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia europeo apurando el plazo de 2 meses y solicitará como medida cautelar que se mantenga su inmunidad. Si el tribunal rechaza la medida cautelar y Llarena reactiva las euroórdenes de detención y entrega, la vuelta de Puigdemont a España para ser juzgado por el golpe del 1-O quedaría en manos de la justicia belga.

La sentencia del TGUE

El Tribunal General de la UE (TGUE) echaba por tierra todos los motivos formulados por Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, en particular sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de los diputados.

En su sentencia, el TGUE consideraba que el proceso judicial español tuvo lugar en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era "hipotética", y afectaba también a otras personas que no eran miembros del Parlamento Europeo. En este sentido, indicaba que durante el suplicatorio "no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles", puesto que esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Igualmente, rechaza el argumento de que la Eurocámara fue imparcial al designar como ponente al eurodiputado búlgaro, Angel Dzhambazki, que pertenece al mismo grupo parlamentario que Vox o que la comisión de Asuntos Jurídicos que pilota el suplicatorio organizara lo tres expedientes en uno.

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