La Guardia Civil ha reclamado algo de coherencia en la política de compra de vehículos. Los guardias necesitan contar con motos y coches operativos y, con la duración de las baterías de los nuevos vehículos eléctricos, eso significa que necesitan puntos de carga reales y efectivos. Y no los hay. Los coches y las motos ya están en los puestos de la Benemérita. Pero no la totalidad de puntos de carga necesarios ni mucho menos. Lo más surrealista ha sido la explicación oficial del Ministerio del Interior: tranquilidad porque "se ponen poco a poco". "¿Y hasta que estén todos?", se preguntan desde la Guardia Civil.
Una de las últimas reuniones de la cúpula de la Guardia Civil con las asociaciones que representan a los guardias ha generado un punto más de incredulidad por parte de los agentes. Las actas de la asociación mayoritaria, JUCIL, han dejado constancia de este y otros hechos. En primer lugar, desde la asociación reclaman una mayor atención a la evaluación de riesgos laborales: "JUCIL se preocupa por incidentes que han ocurrido en acuartelamientos y por saber si se ha realizado la evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo de manera previa a algunos accidentes", señala la asociación. "Solicitamos procedimiento claro de evaluación del personal útil con limitación, de manera que los técnicos en prevención de riesgos laborales sepan los criterios claros a seguir para la evaluación de los mismos, además de la necesidad establecer un procedimiento de trabajo y comunicación entre los órganos de sanidad y psicología", recogen las actas.
Y acto seguido queda constancia de la lucha por los puntos de carga de los vehículos eléctricos: "JUCIL pregunta por el estado de los puntos de carga de los vehículos híbridos y eléctricos. Trasladando la Administración que se están instalando poco a poco, habiendo 2.300 puntos para instalar de manera total". "Para instalar". No instalados. Es más, que se están instalando "poco a poco". JUCIL, ante semejante respuesta, "pregunta por las motos eléctricas del Seprona, y dada la ignorancia de la Administración sobre el defecto de haber recortado el guardabarros y que es calificado como grave por los peritos de la ITV, nos comprometemos a hacerles llegar un informe técnico", señala JUCIL. Y fin de las explicaciones.
Lo cierto es que la pelea de los vehículos eléctricos lleva ya tiempo encima de la mesa sin una clara solución. JUCIL ha remitido ya un informe al Ministerio de Interior en el que solicita la "inmovilización inmediata de todas las motocicletas asignadas al servicio de Protección de la Naturaleza" por no tener la autonomía que necesita un guardia civil en su función y por "defectos graves". El ministro, pese a ello, sigue, por ahora, empeñado en mantener las motos ecologistas. Y la situación se traslada en parte a los coches de similares características, sobre los que JUCIL denuncia falta de puntos de carga.
El informe de JUCIL sobre las motos señalaba que "recientemente diferentes unidades del Seprona han sido dotadas de nuevas motocicletas eléctricas. Una vez han sido puestas en funcionamiento y realizados servicios propios de la especialidad, creemos importante analizar con objetividad las características de este vehículo con el fin de dar a conocer importantes deficiencias observadas".
JUCIL destacaba, en primer lugar, que "los componentes de las patrullas del Seprona, no han recibido formación para la conducción de estas motocicletas eléctricas […] que tienen unas características y manejo diferente a las motocicletas habituales de motor de combustión". Y "que, al carecer de la formación especifica para su manejo, pueden provocar y han provocado accidentes ocasionando lesiones y daños materiales".