Los policías nacionales y los guardias civiles serán una de las grandes prioridades del Partido Popular si gana las elecciones generales del 23J o, por lo menos, así se puede entrever de lo que publican en su programa electoral. Su reto principal en este sentido será culminar con los acuerdos de la falsa equiparación salarial pactado en 2018 -con el popular Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior- e igualar su jubilación con la de los policías autonómicos.
La formación que lidera Alberto Núñez Feijoó tiene un epígrafe específico denominado "Devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos", que se desarrolla en las páginas 78 y 79 del programa electoral, en el que afirma que "garantizar la seguridad pública es un requisito indispensable para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles" y que "las Fuerzas de Seguridad deben estar respaldadas por los poderes públicos y dotadas adecuadamente de recursos".
Prometen culminar el acuerdo de equiparación salarial alcanzado con Policía Nacional y Guardia Civil en 2018, crear una comisión para resolver las diferencias en la jubilación anticipada entre los agentes estatales y los autonómicos; considerar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local como profesiones de riesgo; así como reforzar el principio de autoridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar situaciones de riesgo.
Los populares prometen actualizar el pacto antiterrorista y revisar el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta; incrementar los medios destinados a combatir el terrorismo en nuestro país y reforzar el sistema de atención a las víctimas del terrorismo; así agilizar los trámites para expulsar a sus países de origen a los ciudadanos extranjeros que alienten la radicalización y el extremismo.
Se comprometen a hacer todo lo posible para esclarecer los 379 crímenes de ETA sin resolver; hacer imprescriptibles los delitos de terrorismo; prohibir los homenajes a terroristas; garantizar que los reos de terrorismo sólo tendrán beneficios penitenciarios si ayudan a esclarecer delitos; se comprometen a no alcanzar acuerdo políticos con formaciones como EH Bildu, herederos de la antigua Batasuna-ETA; y anuncia una modificación de la Ley Electoral para que los condenados por terrorismo no puedan ser candidatos.
El PP propone aprobar un Plan de Seguridad Especial contra la bandas juveniles; cambiar el Código Penal en lo referente a la multirreincidencia en hurtos y estafas; ampliar la prisión permanente revisable a aquellos casos en los que haya ocultación de cadáver; pondrán en marcha un plan específico contra la cibercriminalidad; y convertirán a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad.
Por último, proponen reforzar la seguridad en áreas rurales; dotar de mayor seguridad y medios a las zonas fronterizas; estudiarán declarar zonas de especial singularidad como el Campo de Gibraltar; agilizarán el retorno de los extranjeros y expulsarán con celeridad a los que cometan delitos graves; y se comprometen a actualizar la actual Ley de Seguridad Privada, que actualmente está en vigor desde 2014.