La coalición de partidos nacionalistas y de extrema izquierda que confluyen en torno a Sumar tienen un epígrafe específico denominado "Políticas de seguridad y prevención" dentro de su programa electoral para el 23J, que se desarrolla a lo largo de las páginas 127, 128, 129 y 130, aunque también hay otras medidas relacionadas con la materia distribuidas por otros epígrafes de su documento electoral, que es necesario unir para completar sus propuestas.
Propone la creación de una Ley de Prevención y Convivencia que tendrá como objetivo unificar normas "desde la óptica de las políticas sociales, con incidencia directa en la reducción de la delincuencia y en el aumento de la percepción de seguridad", además de ser epicentro de una "red estatal de resolución de conflictos leves" que fortalecería "el sentido de responsabilidad compartida y de pertenencia a la comunidad cívica" y que evitaría las intervenciones policiales.
La coalición de Yolanda Díaz apuesta por combatir la problemática de las bandas con "formación interdisciplinaria preventiva en las aulas", "programas de educación contra la violencia de género" y con la creación de la figura de un mediador o "enlace entre los grupos", sacando de la ecuación a las Fuerzas de Seguridad. Todo ello, buscando evitar la alarma social que, según dicen, se ha generado "con tintes racistas alentados desde determinados posicionamientos políticos".
Sumar plantea la creación de "una comisión parlamentaria para reabrir el debate sobre el modelo policial español" que debería tener "estructuras menos burocráticas, más horizontales y flexibles" y que debe incluir la "desmilitarización" de la Guardia Civil y "extender el derecho a la libertad sindical" para los efectivos del Instituto Armado, que ahora no mismo no tienen ese derecho reconocido al forma parte de un cuerpo de naturaleza militar.
Apuesta por una modelo policial "más tolerante" y "menos agresivo" con la "gestión de las movilizaciones sociales y la desobediencia civil" y, en este sentido, proponen "una regulación completa del uso de la fuerza policial que incluirá la prohibición del uso de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios altamente lesivos", al tiempo que se abren a que los agentes policiales puedan llevar cámaras unipersonales para grabar sus actuaciones.
La coalición liderada por Yolanda Díaz aboga por "la democratización de los cuerpos policiales" y por el "refuerzo de los mecanismos de control interno y externo de las Fuerzas de Seguridad del Estado", incluyendo en ese control externo "instituciones especializadas en tareas de observación y control". También propone la prohibición por ley de los rechazos en fronteras, calificadas en su texto como "devoluciones sumarias" para evitar "masacres como la de Melilla en 2022".