La entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) ha emitido un comunicado en el que llama a votar a formaciones constitucionalistas para "evitar que los gobiernos de España caigan reiteradamente en la tentación de recabar el apoyo parlamentario de quienes persiguen la destrucción del Estado en menoscabo de la libertad y el bienestar de los ciudadanos"
La organización, que preside Elda Mata, considera que "para avanzar hacia la reconciliación y recuperar la convivencia en Cataluña es imprescindible devolver la neutralidad a unas instituciones que, siendo de todos, permanecen secuestradas por un régimen perverso sustentado sobre el adoctrinamiento, la amenaza y el señalamiento público a todo aquel que le planta cara".
Según SCC, el 23-J es una oportunidad para debilitar el separatismo, ya que "cada voto constitucionalista golpeará en la línea de flotación del nacionalismo excluyente y desleal que conculca, desde hace décadas, nuestras libertades y derechos fundamentales". "El mensaje de rechazo debe llegar alto y claro a quienes, además de romper el marco del Estado democrático de derecho, levantaron un muro entre los catalanes y entre los catalanes y el resto de los españoles", se añade en el comunicado.
Refuerzo del sistema constitucional
Otra organización constitucionalista, Impulso Ciudadano, también aprovecha la convocatoria electoral para reclamar una serie de medidas como la aprobación de una ley de símbolos constitucionales, la actuación del Código Penal para responder a lo que califica de "golpes posmodernos", un desarrollo legislativo del artículo 155 de la Constitución Española para incorporar la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional y la aprobación de la primera ley del español que garantice los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
Propuestas en Educación
Además, Impulso Ciudadano, que preside José Domingo, plantea una "reforma de las leyes educativas del Estado para: a) garantizar el español o castellano como lengua vehicular en la educación en toda España, b) competencia del Gobierno de la Nación para garantizar la vehicularidad del castellano d) aplicar modelos educativos que aseguren la igualdad en el desarrollo curricular; f) ampliar el marco competencial y de medios de la Alta Inspección; g) establecer un modelo único de evaluación de bachillerato y de selectividad universitaria en todo el sistema educativo; h) crear un sello de calidad a los libros de texto como garantía de valor comercial y educativo.