Sociedad Civil Catalana (SCC) ha emitido un duro comunicado en el pide al Gobierno que salga de las urnas del próximo domingo que ponga fin a décadas de incumplimiento de las obligaciones constitucionales de los sucesivos ejecutivos en relación a Cataluña y proteja de una vez los derechos y libertades de todos los ciudadanos frente a las que define como "las prácticas discriminatorias y excluyentes de las autoridades autonómicas".
Al final de una campaña en la que los partidos independentistas especulan con el precio que pondrán a una hipotética investidura de Sánchez a la vez que alertan del "peligro" de un Gobierno PP-Vox, la entidad constitucionalista lanza un grito de auxilio: "Reclamamos a las fuerzas constitucionalistas un compromiso inequívoco con la igualdad de todos los españoles como paso previo imprescindible para asegurar la plena convivencia democrática en Cataluña".
El texto lleva la firma de la junta directiva de la entidad que preside Elda Mata y que reúne sensibilidades constitucionalistas tanto de izquierda como conservadoras. El comunicado es un retrato descarnado de la situación política de Cataluña y una denuncia en toda regla de la hispanofobia de la Generalidad, su propensión a incumplir las sentencias, como la del 25% de español en las enseñanza obligatoria, y sus métodos totalitarios.
Hispanofobia en los medios públicos
A la vez, el comunicado propone medidas para revertir la situación de discriminación de los ciudadanos que no comulgan con el separatismo. Sobre ese punto Sociedad Civil destaca que "las instituciones catalanas, asistidas por hipersubvencionadas entidades cómplices, utilizan la coacción, la amenaza y el señalamiento como eficaces herramientas de sometimiento". Y añade que "es esencial, en este ámbito, poner fin a la hispanofobia de los medios de comunicación sostenidos por dinero público".
El comunicado también se refiere a la cuestión lingüística para denunciar que "el español, lengua mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña, es excluido en la Educación, la Sanidad, las administraciones y los medios públicos de comunicación".
La nota consta de tres puntos y arranca así:
"Desde el inicio de la nueva legislatura deben aplicarse en Cataluña las medidas necesarias para:
1.- Restablecer la plena vigencia del Estado democrático de derecho. España no prosperará mientras el Gobierno permita que una parte de su territorio ignore las sentencias judiciales y se rija por sus propias reglas, dictadas arbitrariamente por un régimen nacionalista que conculca las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos contrarios a su proyecto totalitario.
2.- Devolver la neutralidad a las instituciones y espacios públicos. Ningún ciudadano español puede ser discriminado por razón de ideología o lengua por unas administraciones que deben estar al servicio del interés general. Lejos de favorecer la paz social, las instituciones catalanas, asistidas por hipersubvencionadas entidades cómplices, utilizan la coacción, la amenaza y el señalamiento como eficaces herramientas de sometimiento. Es esencial, en este ámbito, poner fin a la hispanofobia de los medios de comunicación sostenidos por dinero público.
3.- Trasladar a todos los ámbitos de la Administración el bilingüismo real. El monolingüismo oficial impunemente implantado por el gobierno autonómico contrasta con el bilingüismo existente en la sociedad catalana. El español, lengua mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña, es excluido en la Educación, la Sanidad, las administraciones y los medios públicos de comunicación. La política lingüística y el fracasado proyecto educativo de la Generalitat de Cataluña no pueden seguir siendo legitimados, por acción u omisión, por ningún gobierno de España".