Las agresiones a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Policía Locales se han disparado en los últimos años. De hecho, el año 2022 terminó con casi 10.000 personas detenidas por delitos de atentado contra la autoridad, es decir, por agredir a agentes de diferentes cuerpos policiales, lo que supone el número de infracciones de este tipo más alta de la historia de la democracia.
Es por ello que el Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los sindicatos con mayor número de representantes en el Consejo de la Policía Nacional tras las elecciones internas del pasado mes de junio, ha llamado en las últimas horas a "movilizar a todas las policías del Estado frente a esta lacra de desobediencia y agresiones que se extiende como la pólvora por todo nuestro territorio y que terminará causando alguna desgracia".
"Estamos sometidos a una lupa que nos acusa de pusilánimes o asesinos según sean nuestras intervenciones en la vía pública bajo el objetivo de los móviles que nos graba. Caldo de cultivo para que algunos lo conviertan en su nuevo deporte de riesgo. Ha llegado el día de poner fin a estos atropellos. Hay que unir a todos los operadores de la seguridad y salir a las calles frente a la pasividad de un Gobierno que nos ha dado la espalda", han mantenido desde SUP.
"Tenemos que tomar las calles junto a los miles de ciudadanos de bien que nos apoyan y que quieren que sus policías estén protegidos para protegerlos. Basta de dar amparo a radicales y criminales de todo pelaje y pongamos solución", han continuado desde el sindicato, que incluso pone fecha a las posibles movilizaciones: "en septiembre queremos a todos los trabajadores de la seguridad pública en las calles plantando cara a este problema".
El SUP ha recordado que lleva tiempo pidiendo al Ministerio del Interior que tome medidas para reforzar el principio de autoridad de las Fuerzas de Seguridad, pero que se han encontrado una y otra vez con que el máximo responsable del departamento, Fernando Grande Marlaska, no hace nada, por lo que se ven abocados a tratar de presionar al Gobierno a través de movilizaciones en las calles.
"De poco nos han servido las reiteradas peticiones al ministro Marlaska y con tal motivo el pasado julio recurrimos con carácter urgente a la ministra de Justicia, que nos respondía hace unos días devolviéndonos a la casilla de salida, y remitiéndonos a Marlaska nuevamente", han añadido desde el sindicato, que recuerda que hasta 1995 el delito de atentado contra la autoridad llevaba aparejada una pena de hasta 6 años de prisión.
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