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Jueces y fiscales dan por hecha la Ley de amnistía de Sánchez: "Es la deslegitimación del Estado de derecho"

Fuentes judiciales y fiscales consultadas por LD coincidían: "El Gobierno va a elaborar la Ley de amnistía para todos los golpistas del 1-O".

Fuentes judiciales y fiscales consultadas por LD coincidían: "El Gobierno va a elaborar la Ley de amnistía para todos los golpistas del 1-O".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EFE

Los jueces y los fiscales dan por hecho ya que el Gobierno de Pedro Sánchez sacará adelante una Ley de amnistía para los golpistas del 1-O como exige el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, a cambio de su apoyo en la investidura: "Es la deslegitimación del Estado de Derecho".

Este jueves se celebraba en el Tribunal Supremo la apertura del año judicial. Un acto solemne presidido por el Rey Felipe VI donde se congregaba la elite judicial y fiscal del país. Entre los asistentes se encontraban el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; o el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte. En el plano político, acudían la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, o el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Fuentes judiciales y fiscales consultadas por Libertad Digital coinciden en su diagnóstico: "El Gobierno va a elaborar la Ley de amnistía. Es algo que se da por hecho y se espera conociendo a Pedro Sánchez. Es un proceso constituyente de facto, un cambio de régimen. Tendría que ser una proposición de Ley y no proyecto de Ley, al estar el Ejecutivo en funciones. Por tanto, no se pedirían informes a los órganos consultivos como el CGPJ o la Fiscalía".

Las mismas fuentes consultadas por LD comparten su enorme preocupación por el panorama judicial que les espera cuando Sánchez ceda a las exigencias de Puigdemont: "Se pretende expropiar a los jueces la capacidad de juzgar. El objetivo es hacer desaparecer la inhabilitación a los golpistas para que puedan volver a presentarse a las elecciones y que Puigdemont regrese a Cataluña".

"La amnistía no cabe en la Constitución, sería necesaria una reforma. Es absurdo el argumento según el cual lo que no está prohibido en la Carta Magna, está permitido. El Ejecutivo tiene mayoría para volver a hacer una reforma en el Código Penal como cuando eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación, pero no tiene mayoría para reformar la Constitución", concluyen.

Recordamos que una eventual amnistía de los sucesos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 supondría eliminar los hechos por los que el Supremo condenó en 2019 al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros once líderes golpistas, y por los que el Supremo aún persigue a Puigdemont y los demás prófugos del 1-O.

La apertura del año judicial

Durante su intervención en la apertura del año judicial, el presidente en funciones de este órgano, Francisco Marín Castán, destacaba que "el buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado, y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios".

Marín Castán también criticaba la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y hacía referencia al colapso de la justicia tras la Ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez: "¿Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco años? ¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes según establece la Constitución, cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?".

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intervenía en el acto para presentar la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. García Ortiz ha afirmado que "las instituciones son la fortaleza del sistema democrático que se construye a través del pleno ejercicio de las libertades. No es ni puede ser un sistema inmóvil".

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