Las agresiones físicas a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado se han disparado en los últimos años. Un fenómeno se ha recrudecido especialmente desde el final de la pandemia de coronavirus, tal y como llevan denunciando desde hace tiempo tanto los sindicatos de la Policía Nacional como las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Todos coinciden en que se ha perdido el principio de autoridad de los agentes.
Este verano han sido varios los vídeos difundidos en las redes sociales en los que se han podido ver ataques contra uniformados en diferentes puntos de España. Son casos como la agresión a un guardia civil en Cangas de Onís (Asturias), el ataque con arma blanca a un policía local en San Clemente (Cuenca), la paliza a dos agentes locales de Guardamar del Segura (Alicante), o el más reciente contra policías nacionales en La Línea de la Concepción (Cádiz), entre otras.
La situación ha hecho que la preocupación no sólo se quede en las escalas más básicas de los cuerpos, sino que ha ido ascendiendo hasta los mandos. Prueba de ello es que el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que arrasó entre los mandos del cuerpo en las últimas elecciones al Consejo de la Policía Nacional, se haya propuesto tomar cartas en el asunto y presionar al Gobierno para que vuelva en la calle el respeto a los uniformados.
La dirección del sindicato va a enviar en próximas fechas un escrito al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, para exigirle una mayor protección de los agentes, que se trabaje seriamente para que el principio de autoridad vuelva a ser respetado en las calles, para que se respalde públicamente desde el Ministerio a los agentes cuando se ponga en cuestión su labor y para que las agresiones no acaben sólo con multas de 80-150 euros.
El SPP considera que uno de los grandes problemas es que las autoridades políticas, cuando las intervenciones policiales son puestas en entredicho, miran para otro lado, especialmente cuando hay rueda mediática en contra de la citada actuación policial. Ni el ministro de Interior, ni el secretario de Estado de Seguridad, ni los propios directores generales de Policía Nacional o Guardia Civil, salen públicamente a defender a sus agentes.
Otro de los grandes problemas, según expondrán, es que los agentes, una vez acaba su intervención, cuando debe redactar su informe para la justicia, califican las agresiones contra ellos como atentados a la autoridad (penado con 1 a 3 años de prisión), pero luego son desclalificadas como tal en los tribunales y calificadas como otros delitos más leves, como desobediencia, lo que provoca que las agresiones salgan prácticamente gratis.
Es por este último hecho por el que el Sindicato Profesional de Policía también va a enviar un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidiendo al órgano de control de los jueces que les explique por qué se produce esta desclasificación del delito de atentado a la autoridad, aunque incluso se presenten partes de lesiones, para conocer si los informes judiciales se están realizando de forma errónea y el cambio de clasificación es una cuestión técnica o legal.
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