La asociación mayoritaria de la Guardia Civil ha decidido dar un paso al frente en plena polémica por la negociación entre el Gobierno y los separatistas para impulsar una ley de amnistía que elimine todos los delitos del 1-O y demás ataques del independentismo. JUCIL tiene claro que defiende "la Constitución" y que la norma "da sentido a una España democrática".
El comunicado de la asociación mayoritaria de la Benemérita es rotundo. Lo anuncia bajo un epígrafe neutro: "POSIBLE AMNISTÍA PARA LOS DELINCUENTES CATALANES". Pero no oculta la inmensa gravedad de la situación que pretende provocar el Gobierno de Pedro Sánchez.
"Defendemos la Constitución. Esta asociación profesional cree en la separación de poderes que establece que el Parlamento elabora las leyes, el Gobierno las ejecuta y los tribunales hacen que éstas se cumplan", señala el texto de JUCIL.
El redactado prosigue y señala que "el Gobierno está autorizado a perdonar delitos a delincuentes confesos condenados, pero no tiene autoridad para decidir qué es o no delito. Esta es una tarea del Parlamento".
JUCIL añade que "si el Gobierno se autoriza a sí mismo para decidir lo que es delito en realidad estaríamos ante un Golpe de Estado dictatorial, en el que un poder se impone sobre los otros dos. Esto rompe con el Estado Démocrático y de Derecho".
El comunicado explica que "una amnistía significaría que tanto las órdenes que dieron los responsables en su día y el sufrimiento de los guardias civiles que velaron y fueron heridos para que se cumplieran fueron ilegítimas. Y esto sería inaceptable en un Estado de Derecho, pero sí muy habitual en las dictaduras".
No se trata del primer encontronazo frontal. Todas las asociaciones policiales y de la Guardia Civil salieron a la palestra contra el Gobierno cuando pretendió dejarlos desprotegidos con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y ha vuelto a ocurrir de forma parecida con los continuos ataques de este Ejecutivo a la Guardia Civil.
"Los que odian a la Guardia Civil"
De hecho, otra asociación de la Guardia Civil, APROGC, ha publicado ya un informe con un revelador título: "¿Hacia la desaparición de la Guardia Civil?". El informe explica los movimientos que han llevado a que un cuerpo que en 2012 llegó a rozar los 80.000 efectivos, haya cerrado el año 2022 con 4.000 guardias menos. El documento no oculta su preocupación por las últimas decisiones oficiales y por un rumbo en el que partidos como el PSOE han apostado claramente para aceptar las reclamaciones de Bildu contra el papel y presencia de la Guardia Civil.
"Quizás el título pueda parecer alarmista, pesimista o apocalíptico. Porque nadie sensato y en su sano juicio, salvo los de siempre, los que odian a la Guardia Civil y desean su desaparición, puede afirmar que ese objetivo se persigue en nuestros días", señala el documento de APROGC.
"Pero es una opinión y no es sólo la nuestra, ya hemos leído opiniones que apuntan en ese sentido", afirma. "Podríamos pensar, como decimos, que ese es el objetivo a tenor de las decisiones que sí son opinables, que se toman en relación a la Guardia Civil: pérdida de competencias (tráfico en Navarra, mar territorial en Cataluña, posible expulsión de la localidad de Roquetas de Mar en favor de la Policía Nacional), purgas, chivos expiatorios de conductas delictivas, incumplimiento de acuerdos, varios directores generales en poco tiempo y otras cuestiones que también están encima de la mesa (profesionales y económicas)", destaca la asociación.