Bildu y su medio oficial Gara, han echado las campanas al vuelo por su último logro. Y es que, la Fiscalía acaba de oficializar en su memoria anual que la persecución del delito de enaltecimiento del terrorismo ha dejado de ser un objetivo prioritario, porque se trata de "un delito de casi imposible condena". Y, si no hay condena posible, se impone el principio de lo no actuación para no impulsar procesos infructuosos, como admite un fiscal a Libertad Digital.
El periódico de cabecera de Bildu acaba de oficializar como logro político lo que hasta ahora era una afirmación de la Fiscalía plasmada en su memoria anual. Según ese documento, presentado recientemente por el organismo que comanda Álvaro García Ortiz, carece de eficacia la persecución del enaltecimiento, debido a que la banda terrorista ETA está disuelta y para poder actuar contra este tipo de delitos, sería requisito indispensable el hecho de poder probarse un riesgo real y concreto de comisión de ilícitos penales.
La reflexión, efectivamente, figura en la Memoria de 2022 de la Fiscalía General del Estado, dentro de un bloque centrado en el terrorismo. Allí, la Fiscalía de la Audiencia señala que "el enaltecimiento del terrorismo es tratado jurisprudencialmente igual que en años anteriores y dependiendo del grupo que se enaltece: ETA, Grapo, yihadismo". El Ministerio Público explica que en el caso del enaltecimiento del yihadismo es "más fácil la prueba y condena" (monitorización de redes sociales)" que en el caso del enaltecimiento del terrorismo de ETA o el Grapo, donde "se hace complicada" la condena del delito por la disolución de las bandas asesinas.
Y el medio de cabecera de los proetarras no ha tardado en vender a su gente esta frase como un compromiso por parte del Gobierno –y del fiscal general– de pasos futuros en una despenalización de los homenajes a etarras. El medio Gara ha destacado que "en su memoria anual, la Fiscalía de la Audiencia Nacional aporta argumentos sobre la supuesta imposibilidad de perseguir el ‘enaltecimiento del terrorismo’" y que eso debe llevar, por parte del Gobierno, a una "derogación de esas leyes" que sí amparan la persecución de la apología del terrorismo.
Es más, su propio editorial traslada sin rodeos la exigencia a Pedro Sánchez: "Un andamiaje represivo a desmontar", porque, según el medio favorito de los proetarras, el Gobierno debe dejar de "encausar a gente" por ese concepto. Lo cierto es que, de ser por el Gobierno, el tipo penal estaría ya borrado para los etarras y es que su aplicación depende, en la inmensa mayoría de los casos, de acusaciones populares o particulares.
Bildu, de ese modo, plantea su particular amnistía selectiva: la que les permitiría hacer homenajes a etarras sin el más mínimo control. Y, todo ello, en medio de un ambiente en el que, pese a que la postura oficial de la Fiscalía es obvia, algunos de sus sectores han empezado ya a deslizar una posibilidad: que el Gobierno de Pedro Sánchez acepte fuertes cesiones al separatismo, como la amnistía de todos los delincuentes del 1-O, pero que, dado que la forma de legislarla puede ser compleja, algunos de los fiscales se nieguen a aceptar semejante ejercicio de "retorcimiento legislativo" y opten por mantener las imputaciones contra los distintos acusados o condenados golpistas.