El separatismo no sólo quiere la amnistía y un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez llevan aparejada una letra pequeña con cantidades de dinero astronómicas. Según una apreciación del grupo de Junts per Catalunya (JxCat) en el parlamento catalán, la "deuda histórica" del Estado con Cataluña es de 450.000 millones de euros.
En otras palabras, que el resto de España le debe a la región catalana esa cantidad, que el partido del golpista prófugo Carles Puigdemont desglosa así: 50.900 millones componen el déficit en materia de infraestructuras; 375.000 se adeudan en partidas sociales y 30.000 en materia de pensiones. Y todo esto contando sólo los últimos 33 años de lo que los posconvergentes califica como "infrafinanciación" de Cataluña.
Para corregir el rumbo y en medio de las negociaciones para investir al líder socialista Pedro Sánchez, JxCat propone la condonación de la deuda catalana del Fondo de Liquidez Autonómica "para reducir parcialmente la deuda histórica del Estado". Es decir, un favor que el separatismo le hace al resto de España. Y además Junts pide el "traspaso de las competencias íntegras de la Agencia Tributaria para que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos". "Asímismo, prever eventualmente una cuota de solidaridad entre Cataluña, como nación, y el estado español y establecer como base el principio de ordinalidad", según consta en un documento hecho público por el partido separatista.
Sistema propio de pensiones
En dicho documento se plantea también que Cataluña disponga de un "sistema propio de pensiones y crear la Agencia de Seguridad Social Catalana". "Para poder gestionar la nueva agencia, (Junts) propone transferir el importe acordado por parte del Estado a la Generalidad en concepto de hucha de pensiones. En paralelo, pide la creación de un grupo de trabajo con expertos para elaborar y acordar un sistema de pensiones que garantice el futuro de las pensiones a la ciudadanía de Cataluña".
El listado de peticiones también incluye el pago de la disposición adicional tercera del Estatuto para financiar infraestructuras como el corredor ferroviario del Mediterráneo y la cesión del 19% de los fondos europeos Next Generation con efectos retroactivos".