La negociación de Pedro Sánchez avanza con los separatistas. Y, aunque las dos grandes bazas del pacto son una amnistía para todos los delincuentes relacionados con el independentismo y un referéndum de ruptura de la unidad de España, en la mesa de negociación se ha entrado en más detalles. Y uno es especialmente grave, porque Sánchez negocia ceder poder pleno en política industrial a los gobiernos separatistas para que creen y ayuden a sus respectivos "campeones nacionales".
Mientras países como Arabia Saudí se lanzan a por los campeones nacionales españoles sin que el Gobierno de Sánchez pestañee, los partidos separatistas se preparan para hacer justo lo contrario con empresas ubicadas en sus territorios, y con permiso del mismo Sánchez. La petición de los partidos separatistas –en especial, del PNV y de Junts– ha incluido un peligroso factor en la mesa de negociación, en la que se busca un pacto de apoyo de todo el independentismo a la investidura del candidato socialista. Se trata de una política industrial totalmente exenta de cualquier control nacional.
¿Y qué implica eso? Básicamente que regiones con más recursos, como el País Vasco o Cataluña, puedan destinar sus esfuerzos y fondos a buscar la atracción de empresas o su mantenimiento en contra de otras comunidades. El País Vasco lo disfrutó durante mucho tiempo y fue la UE la que tuvo que acabar entrando en el asunto por implicar una práctica prohibida: las conocidas como "ayudas de estado".
Dicho de otro modo, que los mismos que han acusado hasta ahora de supuesto "dumping fiscal" a Madrid, por rebajar impuestos a las personas físicas –práctica totalmente legal en España y la UE–, ahora se preparan para pedir permiso para hacer algo ilegal: inyectar ayudas a las empresas que se queden en sus territorios, aunque sea en plena explosión de un nuevo golpe separatista.
Hay que recordar que Madrid es el máximo aportante de fondos al sistema regional de solidaridad, con casi el triple de fondos que Cataluña; que Cataluña ha pedido dejar de aportar; y que el País Vasco no aporta nada por estar fuera del sistema general. Es decir, que las rebajas de Madrid no sólo son legales, sino que redundan en fondos para toda España mientras que las de Cataluña prácticamente no lo hacen y las del País Vasco no lo hacen de ninguna manera.
De hecho, la exigencia de los separatistas es tan exagerada que debería ser la UE la que tuviera la última palabra. Todo ello se mezcla en una negociación en la que el Gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo en su intento de pactar una amnistía con Junts y ERC. Y sabe que una amnistía implicaría la despenalización del golpe separatista del 1-O por la deslegitimación implícita que conllevaría para los delitos afectados: a pasado y a futuro.
Sánchez, de hecho, lo sabe de tal manera que, en las comunicaciones mantenidas por sus negociadores con gente de Junts, los portavoces del Gobierno han esgrimido ese factor como catalizador del pacto de investidura entre los separatistas y Pedro Sánchez. Por eso han trasladado su postura de que no es necesario definir un referéndum de forma expresa, porque el vaciado penal de la amnistía permitiría repetir los delitos sin tener persecución penal alguna. Traducido: que los efectos de la amnistía harían que se pudiera repetir un 1-O sin castigo.
Y, hasta que llegase ese momento, además, las regiones con gobiernos separatistas se verían con la posibilidad de usar los fondos recibidos del sistema de financiación español o de los Presupuestos del Estado para que sus empresas hicieran una competencia desleal y desigual al resto de competidores nacionales.