Dejando bien claras cuáles van a ser sus prioridades en esta legislatura, el conglomerado de Yolanda Díaz, Sumar, ha presentado este viernes su primera proposición de ley con el objetivo de reactivar una reforma del Código Penal que suprima delitos que consideran que atacan la libertad de expresión. Entre ellos se incluyen las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.
El encargado de presentar la propuesta ha sido el dirigente de IU y diputado Enrique Santiago. Lo ha justificado por el deseo de su partido en esta legislatura de blindar la "libertad de expresión" y recuperar libertades que, dice, fueron recortadas por el PP.
Durante su comparecencia, Santiago ha recordado que en la anterior legislatura se tomaron en consideración dos propuestas de ley sobre esta materia y que no llegaron a completar su tramitación, por lo que Sumar ha decidido estrenar su casillero legislativo con un nuevo texto "más completo" para acometer esta reforma del Código Penal.
Así, ha defendido que debe dejarse sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos o escarnio público a las distintas confesiones, por ser "innecesario" al estar las creencias protegidas por distintos artículos como la libertad religiosa y se concilia mejor la "crítica civilizada".
Igual criterio ha apuntado respecto a las injurias a la Corona. Ha defendido que su derogación no genera "indefensión" a la Casa Real, pues seguirá protegida como cualquier persona por los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor.
También pauta la supresión del delito de ultrajes a la patria, injurias a la nación y también el de enaltecimiento del terrorismo. Al respecto, Santiago ha señalado que se busca su reconfiguración tras expresar su sorpresa de que se endureciera en 2015.
Ha justificado su petición en que esta figura penal ha motivado sentencias contra cantantes como Pablo Hasél o Valtónyc. Según Santiago, ya existen suficientes mecanismos para proteger a las víctimas del terrorismo y su formación propone otorgarles en el Código Penal una protección reforzada con un agravante del artículo 22 que menciona expresamente como delito humillaciones y vejaciones al colectivo.