Los investigadores del 1-O temen que se presenten querellas o demandas contra ellos de los golpistas catalanes una vez sean amnistiados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En las diversas investigaciones sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 efectuadas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o en Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Provinciales o Juzgados de Instrucción catalanes participaron decenas de policías, guardias civiles, peritos, abogados del Estado, fiscales o jueces.
Investigadores del 1-O consultados por Libertad Digital denuncian que "el Gobierno de Pedro Sánchez pretende dar un autogolpe de Estado, un ataque frontal al Estado de derecho de tal manera que rompa absoluta y totalmente la separación de poderes anulando el Poder Judicial. Cuando se apruebe la Ley de amnistía, España se convertirá así definitivamente en un régimen autocrático".
Las mismas fuentes consultadas por LD temen "el preámbulo de la citada Ley de amnistía del 1-O donde probablemente reconozcan que España poco más o menos que ha sido en estos años un Estado opresor, con un Derecho injusto o donde no primaba o imperaba el imperio de la Ley persiguiendo a los independentistas catalanes. No nos extrañaría incluso que se nos acabasen poniendo querellas y demandas contra nosotros. Al final, tendremos que acabar pagándoles nosotros a ellos después de los delitos que han cometido".
"La amnistía del 1-O es la antesala de un nuevo régimen. Sánchez y el PSOE no miran por el interés nacional, sólo buscan su propio interés político para conseguir un puñado de votos para la investidura y seguir en el poder. Durante el golpe se produjeron delitos gravísimos, ¡cómo no van a tener que ser juzgados y condenados! Una vez sean amnistiados los golpistas, su próxima reclamación será la Corona. Además, una Ley para amnistiar el 1-O es inconstitucional, ya que está prohibido el indulto general", concluyen.
Recordamos que durante la rueda de prensa previa a su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas de la semana pasada, Sánchez afirmó lo siguiente en referencia al 1-O: "Cuando el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy y yo era líder de la oposición y el fiscal general de entonces, el ya fallecido señor Maza, abrió la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, yo trasladé mi malestar al señor Rajoy. Lo hice por dos motivos: el primero, porque no habíamos sido consultados (…) y, en segundo lugar, porque habíamos trasladado a la vía judicial un conflicto que tenía una raíz política".
La Ley de amnistía tendría que tramitarse como una proposición de Ley y no proyecto de Ley, al estar el Ejecutivo en funciones. Por tanto, no se pedirían informes a los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía o el Consejo de Estado. Dicha norma se convertiría en la moneda de cambio del PSOE para conseguir el apoyo del partido de Carles Puigdemont de cara a la investidura de Pedro Sánchez.
La aplicación de la Ley de amnistía
Los jueces y tribunales afectados por la posible Ley de amnistía sobre el golpe del 1-O que elabore el Gobierno de Pedro Sánchez podrán recurrir a una herramienta legal que suspendería la aplicación de la amnistía durante un tiempo: la cuestión de inconstitucionalidad. Este mecanismo sólo puede ser promovido, de oficio o a instancia de parte, por jueces y tribunales y han de hacerlo cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constitución. El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad determina la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión y, de ser admitida, hasta que resuelva definitivamente la cuestión.
Las mismas fuentes consultadas por este diario destacan que "aunque los tribunales presenten una cuestión de inconstitucionalidad y los procedimientos judiciales queden en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido se pronuncie, los golpistas mientras tanto ya se verán beneficiados por la Ley".