La larga recta electoral española –con autonómicas, municipales y generales– dio para muchas promesas. Y Pedro Sánchez lanzó, entre otros, un compromiso firme de impulsar un Estatuto del Personal Docente e Investigador. Pues bien, el sindicato CSIF ha denunciado que ni rastro de la promesa. Una vez más.
Desde CSIF señalan que, al final, y con el adelanto electoral, ya se ha producido "el primer gran incumplimiento de la nueva ley universitaria: el Gobierno no presentará al Congreso de los Diputados antes del 12 de octubre el proyecto de Ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador". Y eso significa que pasa otro curso sin contar con la norma prometida.
El sindicato CSIF ha denunciado que "los temas presupuestarios y la tasa de reposición" –también afectados por el bloqueo de la norma– lastrarán igualmente "la estabilización y la necesaria renovación del Personal Docente e Investigador". "De manera escalonada, se ha iniciado el curso académico sin haberse concretado la financiación adicional para que las universidades puedan desarrollar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)", destaca el mayor sindicato de funcionarios de España. "De esta manera, sigue sin definirse cómo se alcanzará el compromiso del 1% del PIB y sin contemplarse la distribución de responsabilidades y el calendario de aportaciones de las diferentes administraciones", explican desde CSIF.
CSIF denuncia igualmente "la deficitaria financiación pública de las universidades españolas que se ha reducido un 20% durante los últimos diez años. La LOSU no presentó memoria económica y el objetivo poco ambicioso del 1% del PIB en el 2030 (desde el 0’76% actual) no sólo ha quedado como una mera declaración de intenciones, sino que está referido al conjunto del Estado, cuando la financiación de la educación superior depende en más de un 80% de las comunidades autónomas (12% restante de las tasas universitarias y 8% del Estado)".
Además, el plan de incremento de gasto público al que se refiere el artículo 55.2 de la LOSU, "lo debe establecer una comisión de composición no definida y que se tiene que crear en el plazo de 1 año, por lo que resulta evidente que no puede dar respuesta inmediata a las necesidades de las universidades públicas", añaden desde el sindicato.
Problemas de financiación
"Tampoco vale poner las excusas del Ministerio de Universidades, que reconoce ahora que el "problema" de la financiación de las universidades es "de una complejidad notable" y que según la LOSU el esfuerzo financiero se establecerá de acuerdo con las responsabilidades presupuestarias de cada ejercicio", añade CSIF.
Para colmo, las universidades públicas de Andalucía, Valencia o Murcia están pendientes de la aprobación de nuevos modelos de financiación o del establecimiento de Planes Plurianuales de Financiación para garantizar la suficiencia financiera y la existencia de fondos estratégicos para la mejora de los resultados docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento o de internacionalización.
Y por otra parte, algunas universidades empiezan a poner en duda la aplicación de los programas de estabilización y promoción previstos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, según las disposiciones transitorias, deben articularse antes del 31 de diciembre del 2024.
Para CSIF, está situación es "inaceptable por lo que sigue exigiendo al nuevo Gobierno que transfiera a las comunidades el coste que supone la aplicación de la LOSU y asignaciones presupuestarias concretas para la renovación de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad, tanto del Personal Docente e Investigador como del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios".
Lo cierto es que el 52% de las plantillas de personal docente e investigador en las universidades públicas supera los 55 años de edad y que "la falta de presupuesto y la tasa de reposición impide rejuvenecer la plantilla docente convocando, por ejemplo, más plazas de Profesor Ayudante Doctor, más contratos predoctorales o más becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) y de Formación de Personal Investigador (FPI)", apunta el mismo sindicato.