
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Unidad Especializada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se ha opuesto a la paralización de las exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista que se están llevando a cabo en el Valle de los Caídos, hoy rebautizado Valle de Cuelgamuros. Dolores Delgado es actualmente la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El Ministerio Fiscal se opuso el pasado 12 de julio a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos que pretendían la paralización de las exhumaciones. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 de la Audiencia Nacional desestimó la suspensión por Auto de 27 de julio. Ahora, la referida asociación ha recurrido en apelación este auto, a lo que el Ministerio Fiscal se ha opuesto.
Asimismo, la Fiscalía ha solicitado la inadmisibilidad de la demanda principal formulada por la asociación, basándose en la falta de legitimación y en que el acto recurrido no es impugnable.
El Ministerio Fiscal ha alegado que la suspensión de las actuaciones de exhumación generaría en sí misma un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desparecidas (arts. 16 y ss Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática).
El Gobierno inició en mayo los trabajos para tratar de exhumar a más de un centenar de víctimas de la Guerra Civil enterradas en la Basílica del Valle de Cuelgamuros, según lo establecido en la Ley de Memoria Democrática.
Familiares de 128 víctimas, agrupadas en la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, presentaron entonces una queja ante el Defensor del Pueblo ante el incumplimiento de una sentencia que en 2016 dio luz verde a la petición de la localización de los restos mortales de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, una familia de Zaragoza, trasladados en 1959 desde Calatayud.