El silencio clamoroso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la negociación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, ha provocado una gran indignación en la Fiscalía.
El PSOE negocia en la actualidad con Junts la Ley de amnistía sobre el golpe del 1-O a cambio de su apoyo en la investidura de Sánchez. Cabe destacar que Puigdemont es un prófugo de la justicia y en la actualidad, su entrega a España para ser juzgado depende de los tribunales europeos y de Bélgica.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que "el fiscal general del Estado tiene que ser el garante del Estado de Derecho, el orden constitucional y la Ley. El silencio de Álvaro García Ortiz ante la negociación del Gobierno con un prófugo de la justicia como es Puigdemont es inadmisible".
"García Ortiz ha evitado pronunciarse específicamente sobre la Ley de amnistía en estas semanas porque ésta aún no se ha materializado. Sin embargo, que el Ejecutivo está negociando con Puigdemont y que la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha reunido con él es una realidad y el fiscal general guarda un silencio cómplice", añaden.
Recordamos que la semana pasada, Sánchez afirmó lo siguiente en referencia al 1-O: "Cuando el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy y yo era líder de la oposición y el fiscal general de entonces, el ya fallecido señor Maza (José Manuel Maza), abrió la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, yo trasladé mi malestar al señor Rajoy. Lo hice por dos motivos: el primero, porque no habíamos sido consultados (…) y, en segundo lugar, porque habíamos trasladado a la vía judicial un conflicto que tenía una raíz política".
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian también el silencio del fiscal general ante el ataque que hizo Pedro Sánchez al fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza: "García Ortiz tampoco ha recriminado en ningún momento la crítica del presidente del Gobierno al ex fiscal general del Estado Maza, no está defendiendo al Ministerio Público y su independencia del poder político".
"García Ortiz está jugando sus bazas para intentar ser reelegido fiscal general del Estado cuando Sánchez vuelva a ser investido presidente del Gobierno. Por eso, no se pronuncia sobre la negociación con Puigdemont, la Ley de amnistía, ni defiende al fallecido fiscal general Maza", concluyen. Cabe destacar que el mandato del fiscal general puede ser renovado si ha ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, que es el caso del propio García Ortiz.
Según el Estatuto del Ministerio Fiscal, la Fiscalía tiene por misión "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social". Además, por el principio de imparcialidad "el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados".
"¿La Fiscalía de quién depende?"
En una entrevista en Radio Nacional en noviembre de 2019, Pedro Sánchez protagonizó una de las mayores polémicas en referencia a la independencia de la Fiscalía del Ejecutivo. Al ser preguntado por el entrevistador sobre cómo iba a cumplir el compromiso que adquirió de traer de vuelta a Carles Puigdemont para que fuera juzgado por la justicia española, Sánchez afirmó: "Lo estamos haciendo ya, no sólo el juez Llarena como juez instructor sino que la Fiscalía pidió al juez instructor la reactivación de la orden".
El periodista repreguntaba: "Pero lo está haciendo el Estado, la Justicia, y usted lo planteó como un compromiso electoral, ¿cómo lo va hacer?". Sánchez afirmaba entonces: "Como lo estamos haciendo. ¿La Fiscalía de quién depende, del Gobierno? Pues ya está".