
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han vivido un mes de septiembre agitado debido a la polémica generada por la concesión de las principales condecoraciones y medallas que se entregan con motivo del Día de la Policía. Una polémica que no es nueva y que se repite cada mes de septiembre, pues son habituales que algunos de estos reconocimientos tenga algún tipo de trasfondo político o de amiguismo.
Este año la polémica se ha centrado, principalmente, en la concesión de medalla a Cándido Conde Pumpido, como a un comisario principal responsable de unos exámenes de ortografía que están puesto en duda por la justicia. Además, se ha criticado que sólo uno de los siete comisarios premiados con la Medalla de Plata de la Policía se encuentra todavía en activo. Todo ello provocó una sonora pitada a Marlaska durante el acto central del Día de la Policía.
Pero también hubo otra condecoración que llamó mucho la atención a los sindicatos policiales y así lo denunciaron a principios de este mes. Se trataba de la entrega de la Medalla de Plata honorífica del cuerpo a Catherine Marie de Bolle, actual directora ejecutiva de Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, y que hasta su nombramiento europeo era Comisaria General de la Policía Federal de Bélgica.

Será ella ahora, precisamente, la que tendrá que decidir sobre la petición realizada en las últimas horas por el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, que es que Europol rectifique su informe anual sobre la amenazas en la Unión y los actos de los independentistas catalanes no figuren en el apartado de terrorismo sino que se coloquen en un apartado específico denominado independentismo.
La petición fue cursada ayer miércoles por el general de brigada de la Guardia Civil Manuel Navarrete Paniagua, actual director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en una carta remitida a De Bolle. Se da la circunstancia de que ésta fue una reclamación que Carles Puigdemont hizo al Gobierno el pasado 5 de septiembre si querían que los diputados de Junts votasen la reelección de Pedro Sánchez.