Junts y ERC piden la amnistía de los delincuentes separatistas. Y, una vez implantada, la utiliza Bildu para invocar el término "preso político" y aplicarla a los terroristas y asesinos etarras. Ese el plan oculto tras la exigencia del separatismo catalán de un vaciado de los delitos del 1-O y legitimación de los comportamientos subversivos contra el orden constitucional. Una amnistía que Oriol Junqueras asegura que "está ya pactada" y que deslegitimaría de tal manera la condena penal de la violencia independentista que llegaría a poder ser usada por los etarras.
Los círculos de Bildu no ocultan su satisfacción por el avance de la amnistía. ¿Porque sus "hermanos" separatistas catalanes logran el vaciado penal de todos sus delitos relacionados con el 1-O? Cierto. ¿Porque deja sin castigo penal un futuro 1-O en Cataluña o cualquier otra región? También cierto. Pero, sobre todo, porque abre una puerta legislativa a su extensión a los asesinos etarras.
La causa radica en la deslegitimación del Gobierno, régimen, Justicia y Constitución que han amparado hasta ahora la aplicación de condenas por delitos relacionados con el separatismo. Y es que en Bildu no ocultan que esa base de deslegitimación abre la puerta a una calificación similar como "presos políticos" y "condenados políticos" aplicada a los etarras, puesto que, si la Justicia, gobiernos o Constitución que han albergado las condenas o procesos judiciales no han tenido en cuenta la ahora exigida legitimidad de las reclamaciones independentistas, debería volver a evaluar sus actuaciones para considerar la violencia como "parte de una respuesta legítima frente a la represión del Estado español", según esa argumentación.
La puerta de entrada de esta tesis enloquecida sería la aplicación de la amnistía a los delincuentes del 1-O. Una carta de presentación inadmisible pero menos difícil de masticar por la opinión pública que la petición expresa de una amnistía para los asesinos etarras. Pero, a efectos jurídicos, lo cierto es que esa amnistía lleva implícita una deslegitimación institucional y constitucional brutal y una equivalente legitimación de la violencia como respuesta a una pretendida imposición centralista que dejaría a un tiro de piedra política la exigencia de su traslado a los etarras.
El Gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo con la negociación de la amnistía con Junts y ERC. Sabe que una amnistía, efectivamente, implicaría de facto la despenalización del golpe separatista del 1-O por la deslegitimación implícita que conllevaría para los delitos afectados: a pasado y a futuro. Y lo sabe de tal manera que, de hecho, en las comunicaciones mantenidas por sus negociadores con gente de Junts, los portavoces del Gobierno han esgrimido ese factor como catalizador del pacto de investidura entre los separatistas y Pedro Sánchez. Por eso han trasladado su postura de que no es necesario definir demasiado un referéndum de forma expresa porque el vaciado penal de la amnistía permitiría repetir los delitos sin tener persecución penal alguna. Traducido: que los efectos de la amnistía harían que se pudiera repetir un 1-O sin castigo. Y, además, podrían ser extensibles a otros colectivos violentos separatistas. Por ejemplo, a ETA.
No se trata de ninguna lectura nueva sobre los efectos de la amnistía. Pero lo que sí es nuevo es que lo mismo que critica el Gobierno de puertas afuera, es lo que ofrece de puertas adentro a los separatistas. Y es que numerosas voces han salido a la opinión pública a afirmar que una amnistía es absolutamente inconstitucional porque implica una deslegitimación de los tipos penales afectados. Y que, por lo tanto, vaciados sus tipos penales, los actos podrían cometerse sin castigo penal.
La razón estriba en la justificación que podría tener la reclamada amnistía. Una pretendida e ilegal amnistía no podría argumentarse en base a la existencia previa de una dictadura que deslegitimase la sentencia y práctica de las condenas —vivimos en democracia—. Por lo tanto, sólo podría argumentarse en base a una fantasiosa supresión de derechos por culpa de esos delitos, lo que dejaría a los citados delitos deslegitimados a pasado, pero también a futuro y a otros colectivos más allá del separatismo catalán.
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