La Ley de Memoria Democrática elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez está desquiciando a los jueces. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que esta norma "es un disparate, porque los delitos del franquismo están ya amnistiados".
El artículo 2 de la Ley de Memoria Democrática establece que "de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución Española, los poderes públicos interpretarán la presente ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España, sin perjuicio de su aplicación directa cuando correspondiera". "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables", añade.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que esta Ley "proclama una obviedad, ya que todas las normas jurídicas se interpretan con arreglo a los acuerdos internacionales suscritos por España. Ese criterio sobrevenido no puede convertir en delito lo que los jueces y tribunales ya declararon amnistiados. No puede existir retroactividad penal cuando afecta a derechos fundamentales".
"La responsabilidad penal de los delitos del franquismo ya quedó extinguida con la amnistía de 1977, por lo tanto, no tiene sentido que se investigue. Siguiendo esta línea, los delitos cometidos por los golpistas catalanes del 1-O también podrían ser investigados tras la eventual amnistía que apruebe el Gobierno de Pedro Sánchez", añaden.
Recordamos que la Fiscalía solicitó recientemente a un Juzgado que investigue las torturas de la policía franquista a un sindicalista en la comisaría de la Vía Laietana de Barcelona. El Ministerio Público invocaba por primera vez la nueva Ley de Memoria Democrática, que abre la puerta a indagar crímenes de la dictadura que la Ley de Amnistía impedía perseguir. Todo ello, a petición de la fiscal de Sala en esta materia, Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado y exministra de Justicia de Sánchez.
En su informe, presentado ante el juzgado de instrucción nº 18 de Barcelona, el Ministerio Público apoya la admisión a trámite de la querella por torturas que el sindicalista Carles Vallejo presentó contra seis policías franquistas por torturarlo en la comisaría central de Barcelona. Era la primera vez en España que la Fiscalía se pronunciaba a favor de investigar los crímenes de lesa humanidad y torturas durante el franquismo desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática.
El pasado mes de junio, la fiscal del juzgado de la capital catalana en el que recayó la querella presentada por Vallejo se opuso a la admisión a trámite de la denuncia con el argumento de que los delitos habrían prescrito y que la Ley de Amnistía impide investigarlos. No obstante, la decisión fue revisada por Delgado, que de acuerdo con la Fiscalía de Barcelona apuesta ahora por abrir la investigación.
Otra causa sobre el franquismo investigada en Madrid
Esta no sería la primera investigación sobre violaciones de derechos humanos en el franquismo. Un Juzgado de Madrid admitía a trámite antes del verano la querella de un hombre que denunciaba haber sido torturado en la Dirección General de Seguridad en 1975.
El Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid tomaba declaración recientemente al querellante Julio Pacheco. La comparecencia duró casi dos horas y contaba con la participación de la Fiscalía de Memoria Democrática, que dirige Dolores Delgado. La juez mantiene investigados en esta causa a cuatro antiguos agentes de la Brigada Político-Social, entre los que se encuentra el comisario José Manuel Villarejo.