La batalla judicial por la permanencia de la Guardia Civil en Navarra sigue viva. En plenos pactos de los proetarras con el PSOE para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, JUCIL, la asociación mayoritaria de la Benemérita, mantiene la pelea basada en el argumento de que el traspaso de competencias se ha llevado a cabo sin cumplirse con una de las exigencias legales: la modificación del régimen foral navarro.
JUCIL, efectivamente, argumenta que, "pese a que así lo determinan las leyes, no se ha informado de forma previa de este traspaso de competencias que afecta a personas físicas, ni a las asociaciones de guardias civiles ni tampoco al Consejo de la Guardia Civil". De este modo, los servicios jurídicos de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) han elevado al Tribunal Supremo una demanda en el recurso tramitado contra el Real Decreto por el que se traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor. Ese recurso, por su parte, continúa su trámite ante el Alto Tribunal.
"El procedimiento judicial que se inició contra el Gobierno de España, en el que se ha personado como codemandado el Gobierno de Navarra, impugna el traspaso de competencias realizado sobre la base de la insuficiencia de rango de la norma en la que se basa", señalan los asesores jurídicos de JUCIL. "Pero, de forma previa a este traspaso, debería haberse modificado el Estatuto de Autonomía de Navarra, la ley orgánica denominada Ley de Amejoramiento del Fuero, algo que no ocurrió por la premura de los políticos en llevar a cabo este gesto hacia las formaciones políticas nacionalistas e independentistas que apoyan al Gobierno a cambio de este tipo de acuerdos", apuntan las mismas fuentes.
JUCIL añade en su argumentación que "la decisión afecta a la vida de muchas personas, en concreto a los integrantes de la Agrupación de Tráfico que desarrollan su labor en esta comunidad foral, muchos de ellos navarros o radicados allí desde hace muchos años y que se encuentran en la encrucijada de tener que elegir otros destinos en diferentes puntos de España, lo que supone importantes cambios tanto para ellos como para sus familias". Y, por ello, JUCIL precisa también que "al tratarse de una disposición que afecta de manera clara al colectivo de guardias civiles destinados en Navarra en vacantes de tráfico y a quienes puedan estar interesados en estarlo, debería haber sido remitido previamente a las asociaciones profesionales y al Consejo de la Guardia Civil, tal y como establece la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de noviembre".
El procedimiento ante el Tribunal Supremo "sigue así su curso y desde los servicios jurídicos de la asociación se dará cuenta de cualquier novedad en su tramitación. JUCIL ha considerado que, a pesar de la complejidad técnica de esta demanda ante el máximo tribunal de Justicia en España, resulta imprescindible para esta asociación profesional la defensa de la permanencia de la Guardia Civil en las carreteras de Navarra", explican los guardias.