El Tribunal Supremo se encuentra en alerta después de que el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido allanase el asalto de Pedro Sánchez al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Tribunal de Garantías avalaba este lunes la reforma del CGPJ aprobada por el Ejecutivo que impide al Poder Judicial realizar nombramientos estando en funciones. La sentencia, de la que era ponente la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer, afirma que la Constitución únicamente determina, de forma clara y unívoca, que la duración del mandato de los vocales del CGPJ es de cinco años, periodo en el que están en el pleno ejercicio de sus atribuciones, no pudiéndose deducir de esta previsión la prohibición de que el legislador limite las funciones del Consejo cuando se supera el plazo de cinco años.
Fuentes del Supremo consultadas por Libertad Digital afirman que "tras la decisión del Constitucional, el Ejecutivo sólo tiene que reformar la Ley sobre las mayorías necesarias para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Una vez aprueben dicha reforma convertirán el Gobierno de lo jueces en un agencia de colocación de la asociación judicial izquierdista Juezas y jueces para la Democracia".
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "una vez el Gobierno de Sánchez controle completamente el CGPJ, colonizará el Tribunal Supremo por un periodo de 15 o 20 años con jueces izquierdistas y de perfil podemita. Esto provocará que el Alto Tribunal se convierta en otra sucursal judicial del PSOE. La sociedad española aún no está concienciada de la gravedad de la situación. Esto sólo ha comenzado y lo peor aún está por venir", añaden.
Cabe destacar que durante la primera legislatura de Pedro Sánchez, el Gobierno de PSOE y Podemos consiguió colonizar el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Abogacía General del Estado o el Tribunal de Cuentas. Ahora, cuando el Ejecutivo controle el CGPJ, el próximo objetivo será el Tribunal Supremo.
Recordamos que la Ley de Sánchez que maniata al CGPJ ha provocado el colapso en la justicia. Sólo en el Tribunal Supremo, se contabilizan 22 vacantes de magistrados de las 79 plazas que componen sus Salas. No obstante, las plazas judiciales sin cubrir afectan a tribunales de todo el país como la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y las Audiencias Provinciales de toda España. Según los últimos datos del CGPJ, se espera que a finales de este año el número de plazas sin cubrir supere las 80.
La reforma para controlar el CGPJ
Tal y como publicó este diario, el PSOE puede sacar adelante una Ley que les permitiría elegir a 16 de los 20 vocales que componen el Poder Judicial, más el presidente. La Constitución estableció que 8 los 20 vocales los nombraba el Congreso y el Senado entre juristas de reconocida competencia y los otros 12 se elegirían "entre jueces y magistrados de todas las categorías". Sin embargo, en 1985 el PSOE de Felipe González con su mayoría absoluta cambió el modelo y fijó que los 20 vocales los eligiesen a partes iguales las dos Cámaras con una mayoría cualificada de tres quintos. Por tanto, 10 vocales son elegidos por el Congreso (seis entre jueces y cuatro entre juristas de reconocida competencia) y otros 10 propuestos por el Senado siguiendo el mismo patrón.
El Ejecutivo podría emprender una nueva reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para rebajar la mayoría de tres quintos que se exige en el Congreso y en el Senado para elegir a los vocales, a sólo una mayoría simple. El plan se culminaría dejando en manos del Congreso la elección de los 6 vocales procedentes de la carrera judicial que le correspondería inicialmente al Senado. En la Cámara Alta los populares poseen mayoría absoluta. De esta forma, el PSOE elegiría a 16 de los 20 vocales del CGPJ y por añadidura al presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
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