"La consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional", "Otra vez la consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo", "Carmen, hablado con HC (honorable consejera) y SG (secretario general), no ven ni GC ni PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65". Estos son algunos de los mensajes aportados a la causa del retraso en la vacunación por el Covid de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña por la defensa de dos de los imputados, la actual secretaria de Salud Pública de la Generalidad, Carmen Cabezas, y el exconsejero de Sanidad y en el momento de los hechos secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.
La reputada letrada Olga Tubau (la misma que defendió en la Audiencia Nacional al exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y que ahora se ocupa de la representación del expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales,) es quien ha remitido al juzgado los mensajes recibidos por sus clientes de parte de la directora de gabinete de la entonces consejera de Sanidad, la republicana Alba Vergés.
El caso pasó del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) –que descartó imputar a Alba Vergés– al juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, pero ahora podría volver al TSJC dado que Vergés es diputada de ERC y vicepresidenta primera del parlamento autonómico. La remisión de estas nuevas pruebas se debe al testimonio del que fuera secretario general de la consejería de Salud, Marc Ramentol, quien atribuyó a Cabezas y Argimon la decisión de parar la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en Cataluña.
Para hacer frente a esas acusaciones, la abogada Tubau ha desempolvado los mensajes de móvil recibidos por sus representados. También ha aportado un mensaje de Cabezas dirigido a la jefa de gabinete de Vergés en el que afirmaba: "Yo creo que tenemos que hacerlos a todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras Comunidades Autónomas y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces en los centros a vacunarlos".
Discriminación contra los agentes
En marzo de 2021 el TSJC envió un auto a la Generalidad para que vacunara a todos los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional destinados en la región en un plazo de diez días. A finales de ese mes de marzo, el 77% de los Mossos habían sido vacunados. En cambio, sólo un 2,9% de agentes de la Guardia Civil y el 3,6% de la Policía Nacional habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El primer auto del TSJC fue "archivado" por la Generalidad, de modo que se requirió de una segunda orden del tribunal que sí causó efecto, puesto que en menos de quince días fueron vacunados los cinco mil agentes de Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña.
Las órdenes judiciales causaron un gran malestar en el independentismo. El prófugo Puigdemont llegó a asegurar que "quienes agredieron a ciudadanos al grito de "¡a por ellos!" continúan privilegiados y protegidos por el sistema español. Los vacunarán pasando por delante de personas indefensas y pacíficas a las que golpearon de forma salvaje el día 1 de octubre de 2017". El mismo "argumento" utilizó el imputado Argimon (premiado después con la consejería de Salud), quien llegó a afirmar que vacunar a los agentes comportaría retrasar la administración de la vacuna a las personas de más de 70 años. Con los mensajes aportados por la penalista Tubau, la Fiscalía ha pedido a la juez que remita de nuevo la causa al TSJC.