El PP acaba de elevar al Congreso -paralizado en estos momentos por la decisión de Francina Armengol- una pregunta que desvela un avance normativo del catalán por encima de otras lenguas autonómicas, difícil de explicar por el Gobierno salvo por el hecho de que sus aliados son separatistas vascos y catalanes. La pregunta en cuestión destapa la absorción del valenciano en documentos como el libro de familia de forma que sea el catalán el que sustituya a esa lengua de forma paulatina pero ya oficial. Es decir, que, por mucho que se quiera optar por el valenciano, haya que optar por el catalán porque los formularios no permiten otra vía. Y ello implica una decisión política de absorción del valenciano por el catalán, justo lo que reclama la tesis separatista de los partidos -Junts, ERC y CUP- que defienden los denominados países catalanes.
El autor de la pregunta es Fernando de Rosa, Diputado del PP por Valencia, que ha registrado el siguiente texto para "obtener respuesta por escrito· del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "¿Por qué la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no respeta la regulación normativa del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, al indicar en la remisión a los Juzgados de Paz de dicha Comunidad que los Libros de Familia están redactados en catalán?"
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, organismo público dependiente del Gobierno, efectivamente, es la encargada de elaborar estos documentos. Según la versión oficial, el formulario a rellenar se realiza de manera bilingüe en aquellas comunidades con lengua autonómica. De ese modo, en la Comunidad Valenciana se debería poder elegir el valenciano. Pero lo cierto es que no es así. Y cuando se pretende buscar la casilla del valenciano sólo se puede elegir la del catalán, según la versión del Gobierno, por razones de "eficacia". Porque, de nuevo, según la versión oficial, se he hecho así para englobar el catalán, valenciano y aranés.
El pequeño problema radica en que el valenciano está regulado por el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana como lengua cooficial. Pese a lo que el Gobierno ha decidido hacer caso omiso de ello.
El texto de respuesta del Gobierno es todo un ejercicio mayúsculo de dar vueltas sin llegar a responder. Así, se señala que "la Constitución Española reconoce la existencia de lenguas cooficiales en España junto con el castellano en aquellas Comunidades Autónomas en que así lo establezca su Estatuto de Autonomía"; que, efectivamente, "el catalán, euskera, gallego, valenciano y aranés son proclamadas lenguas cooficiales en determinadas Comunidades Autónomas, según establecen sus respectivos Estatutos de Autonomía"; que "la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) tiene el encargo del Ministerio de Justicia para la elaboración y distribución de impresos, certificados y otros documentos oficiales de su competencia, entre los que se encuentra el libro de familia"; y que "estos documentos se imprimen además de en castellano, en formato bilingüe castellano más uno de los idiomas cooficiales, es decir, castellano-vasco, castellano-gallego y castellano-catalán/valenciano/aranés".
La respuesta añade que "en la fabricación, a cada artículo/lote se le asigna un código para diferenciar los tipos de libros de familia por lenguas a lo largo del proceso productivo para posterior distribución" y que "en el caso del libro de familia impreso en las tres lenguas cooficiales, el campo reservado para el lote no permite un número de caracteres que incluya las tres lenguas, y bajo parámetros de eficiencia y por su exclusiva utilización interna, se le denomina, siguiendo el ejemplo", como catalán. Y, sin más aclaración real -es decir, sin ninguna- se añade que "el Ministerio de Justicia junto con la Generalitat Valenciana han iniciado el proceso de implantación de este nuevo modelo de Registro Civil en el partido judicial de Valencia".
Hay que recordar que se trata ya del segundo capítulo consecutivo de esta vía de aplastamiento del valenciano bajo el catalán. La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, ha autorizado recientemente el uso de lenguas cooficiales en el Pleno del Congreso. Lo hizo, de hecho, sin apoyo reglamentario y en la sesión que debía votar la propia reforma del Reglamento para permitir esas lenguas. Pero, de nuevo, lo hizo sólo para permitir hablar en catalán, gallego o vasco en el Congreso. Es más, desde el Congreso se señaló expresamente que los diputados también podrían emplear el aragonés, asturiano y aranés pero que, en estos casos, los diputados tendrían que recurrir a la "auto-traducción". Y ni una mención al valenciano.
Y es que el PSOE, junto a sus socios de ERC, PNV, Bildu y BNG, presentaron en la Mesa del Congreso la propuesta inicial para reformar la norma que rige el funcionamiento del Congreso, aprobada por cinco votos de los socialistas y Sumar, frente a los cuatro en contra del PP. Y, desde el primer día excluyó al valenciano pese a ser lengua cooficial según un texto con rango de ley orgánica.