La asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, JUCIL, emitía un comunicado contra la amnistía y en favor de la Constitución Española. El partido de Yolanda Díaz salió al instante a exigir una investigación del Gobierno a la organización. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska no tardó en confirmar el plan de investigación a JUCIL –no a los golpistas que pactan anular la Constitución–. Y la asociación ha respondido con contundencia: "Sólo los delincuentes deben preocuparse de que defendamos la Constitución".
JUCIL recuerda el compromiso de la Benemérita con la Constitución, la democracia y España. Y, de ese modo, ha contestado a las amenazas del Gobierno para controlarles, asegurando que "la libertad de expresión es un derecho legítimo de todos los españoles, también de quienes formamos con orgullo parte de este Instituto Armado, pero que el Ministerio pretende arrancar a los representantes de JUCIL".
JUCIL considera "inaceptable que supuestas fuentes no identificadas –que aseguran hablar en nombre del Ministerio del Interior– acusen a esta organización democrática, mayoritaria y constitucionalista de ‘corromper’ los valores de la Guardia Civil cuando la defensa de la dignidad de esta Institución forma parte inseparable de sus estatutos". Y añaden que "nadie debe preocuparse porque los guardias civiles defiendan la Constitución, salvo los delincuentes o quienes pretenden saltarse la Ley".
La asociación asegura que el recién nombrado director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha dado un paso más en su intento de "amedrentar" y de "acallar, silenciar e impedir la libertad de expresión entre los guardias civiles, a quienes pretende negar lo que la Constitución les concede: su derecho como ciudadanos a expresar con libertad sus opiniones".
Desde la organización señalan que fuentes de ese Ministerio, que prefirieron no identificarse por las posibles responsabilidades de sus expresiones, "quieren acusarnos de falta de neutralidad política. Lo han intentado en más ocasiones. Les duele que, a este Gobierno, que se las da de social y democrático, le exijamos que cumpla con algo tan básico como la equiparación salarial. ‘A igual trabajo, igual salario’ o, ¿esto sólo es exigible para jugadoras de fútbol?", explican. "Les molesta que los guardias civiles pensemos. Volvemos a los años oscuros en los que las asociaciones estábamos perseguidas. Quieren una policía puramente política, de obediencia ciega a las personas, no a la ley y a la Constitución", añade JUCIL.
La contestación sigue en tono crítico y recuerda que "llama la atención que, en una institución rodeada de casos de corrupción en numerosas escalas superiores, con directoras generales que tienen que abandonar su puesto por la investigación a sus parejas, lo que les preocupe sea precisamente nuestra neutralidad política. ¡Vaya! No quieren críticas, ni disparidades. Imponen obediencia ciega, ¡qué parecido con la demanda de tantos dictadores en el mundo!".
Y JUCIL adelanta su postura: "No nos amedrentamos. Vamos a seguir reclamando justicia para los guardias civiles, igualdad, más representatividad en los órganos de control y gobierno" en una "Institución que cada vez más, da la impresión de haber sido abandonada por la Administración, quizá porque los valores que defendemos –los de un Estado de derecho dentro de la Constitución– chocan con algunos intereses rastreros y ramplones".
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