
El acuerdo de subida salarial que en 2018 firmó el Ministerio del Interior con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil todavía sigue trayendo cola. El departamento de Fernando Grande Marlaska ha cumplido con el aumento retributivo pactado en su momento, pero no con otros puntos del acuerdo ni tampoco con tratar de evitar que la brecha salarial entre policías estatales y autonómicos siga creciendo.
Este lunes, varios centenares de agentes de ambos cuerpos han protestado frente a la sede del Ministerio del Interior para recordarle al ministro que todavía hay cuentas pendientes por cumplir. Han sido convocados por la asociación JUSAPOL, por dos sindicatos de la Policía Nacional (JUPOL, una de las mayoritarias del cuerpo, y CEP), además de por dos asociaciones de la Guardia Civil (JUCIL, mayoritaria en el cuerpo, y AEGC).
"Hoy estamos de nuevo en las calles para seguir reivindicando lo que es justo, algo que nos llevan negando los diferentes gobiernos desde hace más de 30 años. La equiparación salarial con las policías autonómicas, es decir, que se cumpla el principio de a mismo trabajo mismo salario", ha denunciado Miguel Gómez, presidente de JUSAPOL, la asociación de la que después nacieron tanto JUPOL como JUCIL.
"Es necesario plantear de nuevo una auditoría que cuantifique de manera real las diferencias salariales existentes, impulsar una Ley que garantice que no se vuelvan a producir desigualdades y afrontar las cinco brechas salariales que actualmente existen entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas", ha propuesto el líder asociativo.
"La pasada semana hemos comprobado como si existe voluntad política se puede incrementar la partida para las policías, el gobierno en funciones ha prometido 1.600 millones de euros –en alusión al dinero ofertado a ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez–, más de lo necesario para alcanzar la equiparación que a nosotros nos niegan. ¿Por qué si hay dinero para los Mossos y no para la Policía Nacional y la Guardia Civil?, ¿Cuándo el Gobierno de España va a dejar de crear policías de primera y de segunda en España? ", se ha preguntado.
En la protesta también ha tenido cabida otro punto clave de desacuerdo entre Interior y los representantes de policías nacionales y guardias civiles: la desigualdad en la jubilación. "No es comprensible que los policías autonómicos o locales se jubilen a los 59 años, sin perder ni un euro en sus bolsillos y un policía nacional tenga que aguantar 8 años más en activo y encima pierda hasta 900 euros mensuales", ha protestado el líder de JUSAPOL.
Otro tema sobre la mesa ha sido la situación de las dietas que perciben los agentes que por necesidades del servicio tienen que abandonar las ciudades en las que están destinados para ir a otra localidad. Una cantidad que no ha variado para los funcionarios desde que se aprobó el Real Decreto 464/2002, de 24 de mayo, con José María Aznar todavía en el Palacio de la Moncloa, y que a día de hoy han quedado insuficientes.
La ley dice que los altos cargos (generales, magistrados, rectores, subdirectores generales…) tienen una dieta diaria de 155,90€ (102,56€ para alojamiento y 53,34€ para alimentación). Los funcionarios de los grupos A y B reciben 103,37€ (65,97€ para dormir y 37,40€ para comer). Por contra, los grupos C, D y E, donde se encuentran la gran mayoría de policías y guardias civiles, reciben 77,13€ diarios ((48,92€ para alojamiento y 28,21€ para comidas).
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