La detención y posterior puesta en libertad de Cándido Conde-Pumpido Varela por un presunto delito de agresión sexual en grupo ha abierto un encendido debate no ya sobre si los hechos -que aún siguen bajo investigación- son o no ciertos, sino sobre si el trato recibido por el hijo del presidente del Tribunal Constitucional es el mismo que habría recibido cualquier ciudadano anónimo en su misma situación. El hecho de que la juez fuera directora general en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que mantenga una estrecha relación con la tía del acusado no ha hecho sino alimentar la polémica.
Según reza el auto en el que la magistrada María Isabel Durántez Gil dictó su puesta en libertad, las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de Conde-Pumpido "desvirtúan la versión mantenida" por la víctima. Sin embargo, llama la atención que, a expensas de que la investigación siga su curso, la juez ni siquiera haya aceptado las medidas cautelares solicitadas no solo por la víctima, sino también por la Fiscalía, que reclamaba una orden de alejamiento hasta que se dilucidase lo sucedido. La decisión choca más si cabe si tenemos en cuenta que se trata de una cautela que sí se aprobó, por ejemplo, tras el famoso beso de Rubiales a Jennifer Hermoso.
Orden de alejamiento
"Lo normal ante una posible agresión sexual es que se dicte una prisión provisional preventiva. Si los vídeos son tan determinantes, puede que no, pero lo que sí es habitual es esa orden de alejamiento para, por lo menos, proteger a la denunciante por si acaso", explica a Libertad Digital Matilde Izquierdo, abogada del despacho HM&A, que recuerda que el caso aún no se ha cerrado.
"Habrá que ver qué muestran esas grabaciones para que se haya quedado sin ninguna medida, porque puede haber ocurrido en el interior de una habitación y a lo mejor ahí no había cámaras", apunta, entre otras cosas, la letrada. En este sentido, llama la atención cómo muchos medios de comunicación han asumido directamente que se trata de una denuncia falsa, frente al calvario que suelen sufrir muchos hombres anónimos que, sin embargo, terminan siendo absueltos.
Adiós a la presunción de inocencia
"¿Otra persona hubiera tenido esta ventaja? Me gustaría decirte que sí, pero creo que no -se responde a sí misma Izquierdo, acostumbrada a defender a muchos hombres inocentes acusados de violencia de género-. Y me encantaría que todos tuvieran tantos medios a su alcance para poder demostrarlo y que se les quisiera escuchar".
Entre otros casos, la abogada recuerda el de un jugador de rugby acusado de agresión sexual: "Para él fue un infierno, porque, aunque tampoco fue a prisión, él sí tuvo una orden de alejamiento, y enseguida le echaron de su equipo y le cancelaron su contrato. Nadie le quería y luego salió absuelto".
Prisión preventiva
José Luis Sariego, otro conocido abogado y activista contra las denuncias falsas, también atesora numerosos ejemplos que nada tienen que ver con el trato recibido por el hijo de Conde-Pumpido. Para empezar, porque un ciudadano de a pie no cuenta, por lo general, con un sistema de grabación en su domicilio. "Si no tienes cámaras de seguridad, estás perdido -sentencia el letrado-, por lo menos durante la primera fase de instrucción. Es decir, que puedes ir con tus huesos a la cárcel hasta que llegue el juicio y haya un juez que, con todas las pruebas, tanto indiciarias como periféricas, confirme tu inocencia". La razón es muy sencilla: tanto la Ley de Violencia de Género como la más reciente Ley del sólo sí es sí son sumamente garantistas con las mujeres y tremendamente "injustas" con los hombres.
El proceso puede durar más o menos, pero de ninguna manera se solventaría en 48 horas, como en el caso que nos ocupa: "Yo he tenido uno aquí en Sevilla de un señor que ha estado ocho meses en prisión preventiva por una denuncia en la que se le acusaba de haber abusado de su hija. Al final le han absuelto, sí, pero el problema es que hasta entonces han pasado dos años y los primeros ocho meses, en prisión".
La importancia de un buen abogado
Junto a las cámaras de seguridad, Sariego insiste en otro factor determinante: contar con una buena defensa. Conde-Pumpido ha contratado los servicios del llamado "abogado del diablo", conocido por representar legalmente a mafiosos y narcos, que suponen casi la totalidad de sus clientes. Cualquier ciudadano de a pie no habría podido acceder a sus servicios. "Muchas veces, los acusados recurren a abogados de oficio y esto es terrible, porque los abogados de oficio no reciben formación. Reciben formación para acusar en violencia de género. De hecho, los colegios de abogados se gastan muchos millones que da el Gobierno para ello, pero cursos de formación en defensa de las personas detenidas no se da ninguno", lamenta.
El propio Sariego -que llegó a elaborar un manual para evitar denuncias falsas en el ámbito familiar- ha intentado impartir alguno en Granada, Málaga y Sevilla, y la respuesta siempre ha sido la misma. "Los colegios los han rechazado y es increíble que no se nos permita enseñar a los compañeros cómo defender a una persona detenida y sí cómo acusar -denuncia indignado-. Es el mundo al revés: abogados acusando, en lugar de abogados defendiendo los derechos de los ciudadanos".
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