La mayoritaria Asociación de Fiscales AF y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales APIF han denunciado el "absoluto desprecio al Estado de Derecho" tras conocer el acuerdo de legislatura alcanzado hoy por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez.
La AF afirma en un comunicado que "tras haber tenido conocimiento en el día de hoy del acuerdo de investidura pactado entre PSOE y JUNTS, donde se incluye la aprobación de una ley de amnistía que contempla la posibilidad de establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales que pueden generar acciones de responsabilidad, la Asociación de Fiscales quiere mostrar su más firme oposición a esta medida, un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho".
"Es inadmisible la utilización del término "guerra judicial" (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente", concluye.
Por su parte, el portavoz de la APIF, Salvador Viada, en declaraciones a Libertad Digital afirma que el acuerdo entre PSOE y Junts es "muy grave" y "lleva implícito un cambio de modelo constitucional". Según Viada, dicho pacto "es un golpe de gracia al sistema constitucional español". Además, denuncia el planteamiento de efectuar "comisiones de investigación" sobre aquellos jueces o fiscales que participaron en las investigaciones sobre el golpe del 1-O.
Posteriormente, la APIF emitía el siguiente comunicado:
Supone aceptar la intervención de un "mecanismo internacional" para verificar el proceso de seguimiento de los acuerdos, que se da en escenarios de estados bajo sospecha, y desde luego, no en la Unión Europea.
Supone aceptar que se va a alcanzar la "normalidad política" a través de una Ley de Amnistía, que alcanzará las actividades delictivas derivadas de las consultas independentistas de 2014 y 2017. La amnistía supone una excepción al principio de responsabilidad penal por actos delictivos, básica en un estado de derecho democrático.
Supone además acudir a una negociación en la que JUNTS propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación, es decir, se va a discutir la como sortear el art. 2 de la Constitución española.
Se plantean las causas abiertas contra los responsables de los hechos amnistiados como el resultado de lawfare (o guerra jurídica) creándose comisiones de investigación que podrán dar lugar a acciones de responsabilidad, en un ataque insólito a la independencia del poder judicial. Esto lo firma el partido socialista. Esa medida que se acuerda supone lanzar una intolerable sombra de sospecha sobre la actuación –que la APIF respalda- de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado, y una lamentable hipocresía por parte de aquellos que llevan politizando la cúpula de la Justicia española en su beneficio desde hace casi cuatro décadas.
JUNTS y PSOE acuerdan negociar como si representaran ellos a Catalunya y a España, cuando ni uno ni otro ostentan –ni mucho menos- tal representación. Además, JUNTS sostendrá en el Gobierno al PSOE, por lo que la posición de un negociador depende de la voluntad del otro.
El Fiscal General permanece silente ante la amnistía y los ataques al trabajo de la Fiscalía, no vaya a ser que el nuevo Gobierno no le renueve en el cargo.
La Unión Progresista de Fiscales también se suma
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha querido mostrar a través de un comunicado su "absoluto rechazo" a las referencias incluidas en el acuerdo sobre 'lawfare', y ha aseverado que es "inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes".
"Los jueces y tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado", añade.