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Una asociación de guardias civiles censura la amnistía: "Juramos derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución"

Exponen que no se puede someter a los ciudadanos a la ley si los políticos no lo hacen. Muestran su esperanza ante la reacción de la Carrera Judicial.

Exponen que no se puede someter a los ciudadanos a la ley si los políticos no lo hacen. Muestran su esperanza ante la reacción de la Carrera Judicial.
Agente de la Guardia Civil en Barcelona. | Europa Press

El acuerdo político entre el PSOE y Junts cerrado en las últimas horas, que no sólo cierra una ley de amnistía para los independentistas catalanes golpistas previamente acordada también con ERC, sino que va más allá y pone en tela de juicio el poder judicial, no ha sentado bien no sólo en la Judicatura, sino también en el seno de las Fuerzas de Seguridad, que tienen la competencia de policía judicial y trabajan directamente a las órdenes de los jueces.

La asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que durante años tuvo representación en el Consejo de la Guardia Civil, pero que dejó de tenerla en las elecciones internas de 2021, ha emitido este viernes un duro comunicado en el que recuerda que los agentes del cuerpo, como militares que son, están dispuestos a "derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional".

"Los guardias civiles queremos seguir cumpliendo y haciendo cumplir la Ley, igual que los jueces y magistrados seguir interpretando y aplicando la Ley y haciendo ejecutar las sentencias", aseguran en dicho comunicado, tras lo que esta asociación de guardias civiles considera que "hoy tenemos que hablar alto y claro. Nos lo exigen un mandato constitucional, moral y con el ciudadano".

"Observamos el pacto publicitado con profunda preocupación. Consideramos que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las Fuerzas de Seguridad, especialmente la policía judicial. ¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces y fiscales en los últimos 40 años?", se preguntan.

"¿Cómo vamos a creer en que deberemos y podremos hacer cumplir la ley ante este mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas? La Ley es igual para todos, mantiene el orden y permite a la ciudadanía residir en paz y en libertad, sin temor a sufrir desigualdad. Sin embargo, se pretende instaurar la ley del más poderoso. ¿Si nuestros máximos responsables no se someten a los principios fundamentales del Estado de Derecho, cómo se pretende que el ciudadano lo haga? ", continúa.

APROGC pone todas sus esperanzas tras este acuerdo político en la reacción del Poder Judicial. "Contemplamos con fe y optimismo la defensa del Estado de Derecho exteriorizada por los representantes de la Carrera Judicial, como barrera frente a inspiraciones totalitaristas. Hay una responsabilidad histórica que alcanza de lleno a altas instituciones del Estado y, especialmente, a nuestro Tribunal Supremo", exponen.

Por último, aseguran que "quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la Administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado".

Investigación a los guardias civiles

La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto una investigación en relación al comunicado enviado por Aprog. Ante la afirmación de que estaban "dispuestos a derramar hasta la última gota" de su sangre, la Dirección General ha optado por poner en marcha los cauces debidos para identificar a los responsables de esta asociación, que carece de representación en el Consejo de la Guardia Civil, han informado a EFE fuentes del instituto armado. Una vez identificados, se les tomará declaración antes de decidir si se adoptan medidas penales y disciplinarias.

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