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Comienza el señalamiento de jueces por "lawfare": Marchena, Llarena y García-Castellón, en la picota

Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, acusa a varios magistrados de haber perseguido a políticos por razones ideológicas.

Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, acusa a varios magistrados de haber perseguido a políticos por razones ideológicas.
EFE

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y letrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2010, Joaquín Urías, ha señalado a un grupo de jueces que a su juicio han perseguido a independentistas y políticos de izquierdas por razones ideológicas, el "lawfare" o guerra judicial que socialistas y separatistas han pactado investigar en su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

Urías, que fue uno de los juristas que presentaron en Barcelona la propuesta de amnistía de Sumar con Yolanda Díaz y Jaume Asens, ha acusado en la red social X a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo encabezados por Manuel Marchena que juzgaron a los líderes independentistas por la asonada de otoño de 2017. También Pablo Llarena habría practicado el "lawfare", según Urías, por haber emitido las órdenes para la detención del prófugo Carles Puigdemont.

En el mismo saco mete a Manuel García-Castellón, por su auto en el califica de terrorismo el asalto del Aeropuerto de El Prat y el corte de las comunicaciones por carretera con Francia e investiga a Carles Puigdemont y Marta Rovira, entre otros independentistas. La juez Carmen Lamela, que envió a la cárcel a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell y a otros dirigentes separatistas, es otra de las magistradas señaladas por Urías.

Otros casos

Pero el señalamiento no sólo afecta a los jueces que han procesado y condenado a dirigentes políticos por el proceso independentista. Urías incluye en su lista a Vicente Ríos, el magistrado del juzgado número 15 de Valencia que instruyó la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Comunidad Valencia, por el encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió una menor de 14 años tutelada a cargo del exmarido de la dirigente política valenciana. Luis Eduardo Ramírez Icardi fue condenado a cinco años por este caso.

Urías también pone como ejemplo al juez Salvador Alba Rico, condenado a seis años de prisión por prevaricación y en la actualidad recluido. En la sentencia se dio por probado que el juez conspiró contra la también juez y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

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