La redacción final de la Ley de Amnistía que el PSOE, junto a sus socios políticos de Sumar, han negociado con los partidos independentistas catalanes a cambio de una nueva investidura para Pedro Sánchez ya se conoce. Su contenido ha sido filtrado a los medios de comunicación este lunes, unas horas antes de que haya sido registrada en solitario por Diputados socialistas en el Congreso de los Diputados.
La norma consta de 16 artículos divididos en tres títulos y dos disposiciones adicionales en las que se trata de defender la constitucionalidad de la misma. Está redactada la mayor gracia de los principales líderes del golpe secesionista, que quedarían limpios tanto de los hechos que llevaron a cabo tanto penal como económicamente. Y tiene una extensión amplia: desde el 1 de enero de 2012 hasta este mismo lunes 13 de noviembre de 2023.
La redacción final del documento no ha sentado nada bien en el seno de la Policía Nacional, un cuerpo cuyos agentes se jugaron literalmente la vida durante los disturbios que se produjeron en 2017 y 2019 –hasta el punto de que tres agentes antidisturbios fueron jubilados por las heridas recibidas en aquellos días– y que tiene todavía a unos 45 agentes imputados en juzgados de Cataluña por denuncias presentadas por independentistas.
La razón es que más allá de la concesión de la amnistía o no –algo que había sido criticado por la gran mayoría de los sindicatos de la Policía Nacional–, la redacción del texto incluye un artículo que haría que una buena parte de los policías nacionales que hoy en día todavía están imputados no se vean beneficiados siquiera por esta ley. Es decir, que los golpistas se verían beneficiados pero no los agentes de la Policía Nacional.
El artículo de la polémica es el 2b, que dice expresamente que quedan excluidos "los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral mínimo de gravedad".
Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha sido el primero en reaccionar una vez se han conocido los hechos: "deja fuera a la gran mayoría de agentes imputados por el 1-O y los disturbios en Cataluña de 2019. Es un ataque fragrante al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la Constitución y una falta de respeto a los miles de policías que arriesgaron su vida en 2017 y en 2019 en Cataluña".
"A pesar de que en el Artículo 1.e se indica que se amnistiarán ‘las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo’, en el artículo 2, referido a exclusiones, se excluye del proceso ´los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales’. Motivos por los cuales desde los sectores independentistas han denunciado a la mayoría de los agentes de la Policía Nacional", han expuesto desde el sindicato.
"Unas exclusiones que al contrario de las que se han incluido en la Ley para los delitos de terrorismo, no tienen que esperar a una condena firme, por lo que desde JUPOL entendemos que es una trampa para poder excluir a los policías investigados de la Amnistía e incluir en esta a todos los miembros de grupos independentistas", han denunciado desde el sindicato policial, que sigue esperando la libre absolución de todos los agentes que siguen imputados.
Con esta Ley de Amnistía, ha asegurado JUPOL, "queda constatado que no sirvió de nada el trabajo de los policías, los agentes heridos y los tres compañeros que resultaron jubilados por sus lesiones en los disturbios. Tres compañeros a los que les arrebataron su vida profesional y que ahora tienen que ver como los responsables van a ser perdonados sin consecuencia alguna".
El Sindicato Profesional de la Policía (SPP), absolutamente mayoritario entre los mandos del cuerpo, ha exigido la celebración de un pleno monográfico urgente del Consejo de la Policía que se dedique exclusivamente a la ley de amnistía pactada por el PSOE y los independentistas catalanes. Ha solicitado también que dicha reunión esté presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
El otro sindicato mayoritario, el único con representación en tres de las escalas del cuerpo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha mostrado también su "disconformidad" con el borrador de la ley de amnistía hecho público durante la jornada de hoy y lo ha considerado "un apedreamiento institucional a la labor policial".
"Esta ley deja fuera a gran parte de los agentes encausados, pero decimos alto y claro que trabajaremos sin descanso con nuestros servicios jurídicos para lograr la libre absolución de todos ellos, porque son héroes y como tal van a ser recordados por la historia y quienes han limpiado las manos de los delincuentes, llenas de sangre de los policías, serán recordados como traidores", ha asegurado el sindicato.
"Recordamos por enésima vez que los policías no hemos cometido ningún delito en nuestra actuación, y actuamos en el 2017 y en el 2019 bajo mandato judicial, al amparo de la Constitución y el marco legal que son los únicos parámetros que tienen validez y rigen la actuación policial. El SUP mantiene su posición de total y absoluto rechazo frente a una ley de amnistía que genera inseguridad, incertidumbre y desprotección al conjunto de la ciudadanía", ha añadido.