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Pumpido doblega a sus magistrados: "Todos los progresistas del TC se van a inmolar en defensa de la amnistía"

"Pretende justificar todo lo ocurrido bajo una supuesta ‘situación extraordinaria’ que justifique una actuación no prevista en la Constitución"

"Pretende justificar todo lo ocurrido bajo una supuesta ‘situación extraordinaria’ que justifique una actuación no prevista en la Constitución"
El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido en la sede del TC. | Europa Press

Dos opciones se abren ante la aprobación de una ley de amnistía. La primera es que los jueces con casos afectados por la ley –pueden llegar hasta los 4.000– recurran ante el Tribunal Constitucional. La segunda es acudir directamente a la Justicia Europea (TJUE) para solicitar una aclaración en base al derecho comunitario. Los magistrados españoles conocedores del TC parecen tenerlo claro: "Pumpido ha doblegado a sus magistrados. Todos los progresistas del TC se van a inmolar en defensa de la amnistía".

Pedro Sánchez ha asegurado ya que los acuerdos del PSOE con sus socios para lograr su investidura "serán validados" por el Tribunal Constitucional con "plena normalidad democrática". La frase fue lanzada antes incluso de cerrar oficialmente los acuerdos –incluido el de Junts y la amnistía– y anticipó el comportamiento y el veredicto del Tribunal de Garantías que preside Cándido Conde-Pumpido. Toda una barbaridad que presume el conocimiento por parte del presidente en funciones de algo que, por el momento, aún no ha entrado a valoración del Tribunal Constitucional.

Pero fuentes judiciales conocedoras de la situación actual del TC confirman el hecho. Y es fácil de resumir. Pumpido cuenta ya con la obediencia de todos los magistrados del bloque progresista. Y es así, pese a que todos ellos fueron impulsados hasta el TC cuando, o ellos mismos, o el partido que los impulsó –el PSOE– negaban abiertamente la constitucionalidad de una amnistía para los delincuentes separatistas.

Pero ahora todo ha cambiado. Pedro Sánchez necesita retorcer la Constitución y ellos son su mano ejecutora. "Hay una cosa que tenemos muy clara. Y es que, aunque sabemos que algunos de los magistrados comparten nuestro criterio de que una amnistía no tiene ninguna cabida posible en la Constitución, Conde-Pumpido los ha doblegado y todos ellos se van a inmolar en defensa de la amnistía", señalan las fuentes citadas.

De hecho, el planteamiento de defensa cerrada surgió antes de conocer el texto de la ley. "Conde-Pumpido ha participado en los trabajos preparatorios previos para diseñar y redactar la Ley de amnistía", añaden las mismas fuentes. Se trata de una irregularidad manifiesta, pero fue adoptada esa precaución precisamente para retorcer el texto antes de que llegase al TC y que los bloqueos de los magistrados progresistas fuesen sorteados antes de que llegase la ley a la corte de garantías".

De hecho, fuentes jurídicas confirmaron previamente incluso la línea argumental que maneja Conde-Pumpido: "Pretende justificar todo lo ocurrido bajo una supuesta ‘situación extraordinaria’ que justifique una actuación no prevista en las leyes ni en la Constitución". Las mismas fuentes señalan la doble barbaridad que esto implica: "No sólo supone admitir una falsa constitucionalidad de una amnistía, sino que, además, generaría una doctrina favorable a que un Ejecutivo –vía indulto– o un legislativo –vía amnistía– pudieran usar el recurso de violar la exigencia constitucional de igualdad ante la ley en cada momento en el que justificaran una situación fuera de lo común".

El empeño de Conde-Pumpido en esta línea argumental da una idea de la barbaridad jurídica que implica esta amnistía. Y es que, supone una voladura plena del artículo 14 de la Constitución –igualdad ante la ley–, de la necesidad de que todas las leyes sean de aplicación general, de la independencia de la Justicia, y hasta de la legitimidad del Gobierno y de la propia Constitución, que habrían permitido algo deslegitimado posteriormente por el Parlamento con una ley de amnistía, tal y como han argumentado ya asociaciones de jueces y fiscales.

Eso sí, la frustración de esa vía de recursos –ante el TC– no ha eliminado del todo la preocupación de fondo de Carles Puigdemont. La posibilidad de conceder el apoyo a Pedro Sánchez para la investidura y que, tras ello, una decisión judicial europea pueda tumbar lo pactado, es decir, la ley de amnistía, sigue preocupando al golpista prófugo. Y es que, efectivamente, los jueces que tengan que aplicar la futura ley orgánica de amnistía podrían elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE en caso de que esa norma acabe violando la cláusula del Estado de Derecho 2 del tratado de la UE y de los derechos de Unión. Y, efectivamente, eso tiene pinta de poder ocurrir.

El razonamiento jurídico es sencillo. La ley de amnistía de 1977 e incluso la proposición de ley de 2021 señalaba que la aplicación de la ley de amnistía a cada caso concreto, por ejemplo, el de Carles Puigdemont, corresponde a los jueces y tribunales que conocen cada caso particular. La misma proposición de ley de 2021 presentada por ERC, JUNTS y PDeCat recogía sin matices esta premisa en su artículo 4. Y eso implica que ese juez tendría capacidad para plantear una cuestión de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional antes de decidir –cuestión que dirimiría el órgano controlado por Cándido Conde-Pumpido– pero también otra cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE –no controlado por Conde-Pumpido ni ningún jurista similar–.

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