El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha contestado la petición de amparo solicitada por los fiscales del 1-O Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. En una misiva, García Ortiz responde que "cualquier posicionamiento del Ministerio Publico respecto de una futura amnistía (...) exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento".
"El posicionamiento, en todo caso técnico-jurídico, de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención", añade. Según García Ortiz, el Ministerio Fiscal "debe respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de Derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado".
Insiste en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "prevé como una de sus primeras funciones la de velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa".
En consecuencia, señala, "el fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados".
No obstante, asegura que "velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas".
Recalca además que "la observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal, en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones, lo que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que las y los fiscales tienen encomendada".
La carta de los fiscales del 1-O
Los fiscales del 1-O enviaron un escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidiéndole "amparo institucional" frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de 'lawfare' y depurar responsabilidades.
Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno reclamaron a García Ortiz que, "en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano", les concediera "amparo institucional" porque "junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público".
El escrito recordaba que dicho acuerdo establece que "la valoración que efectúen esas comisiones de investigación sobre tales decisiones y actuaciones judiciales podrá servir para ejercer acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en el ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional frente a los graves ataques de que fue objeto, y activaron la obligada respuesta judicial mediante la aplicación de las leyes penales frente a acciones delictivas de una gravedad incuestionable".
"El contenido de este acuerdo nos genera una especial preocupación, ya que conculca el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial", afirmaban los fiscales de sala del Tribunal Supremo, subrayando que "la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, no es admisible en un Estado que se proclama democrático y de Derecho, y que iniciativas como esta claramente demuestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial".
Alertaban además de que "el reconocimiento de que la actuación judicial fue injustificada y obedecía exclusivamente a razones políticas --con la inclusión de términos absolutamente improcedentes como 'lawfare' o judicialización de la política--, obviando la naturaleza manifiestamente delictiva de los actos que se cometieron y el respeto institucional que la función jurisdiccional merece en un Estado de Derecho, representa una quiebra absoluta de los valores constitucionales que inspiran nuestra democracia, en particular de la justicia, el pluralismo político y de la igualdad ante la ley".
Asimismo, reivindicaban que su intervención en la causa del 1-O' "se sujetó estrictamente a los principios de legalidad y de imparcialidad, actuando siempre conforme al principio de unidad de actuación y de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Fiscalía General del Estado, por lo que calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta".
Por ello, reclamaban a García Ortiz que "actúe en defensa de la legalidad constitucional, recordando a los poderes públicos el estricto cumplimiento de la ley, y en defensa de quienes como miembros de esta institución ejercieron sus funciones con responsabilidad, con imparcialidad y con sujeción a la legalidad en los procesos penales en cuestión".