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Así preparó el golpe judicial Conde-Pumpido: dejó sin defensa al CGPJ ante una invasión de competencias por la amnistía

Con la sentencia firmada por el TC el pasado 2 de octubre, el Poder Judicial pierde su capacidad para renovar los cargos judiciales.

Con la sentencia firmada por el TC el pasado 2 de octubre, el Poder Judicial pierde su capacidad para renovar los cargos judiciales.
Europa Press

Un paso previo a los últimos vistos para implantar la amnistía fue deslizado por el presidente del Tribunal Constitucional. Lo hizo por medio de la famosa sentencia que dejó definitivamente al Consejo General del Poder Judicial sin capacidad para renovar cargos en los tribunales. Y es que esa misma resolución llevaba una carga de profundidad más disimulada: dejó igualmente al Poder Judicial sin capacidad para defenderse de una invasión de competencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, justo la base del ataque que implica la Ley de amnistía.

La sentencia se firmó el pasado 2 de octubre por parte del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido. El revuelo fue máximo por lo que implicaba en cuanto a bloqueo de la función habitual del Poder Judicial, se encuentre o no en funciones: la de renovar los cargos judiciales para que no se paralice la actividad judicial ordinaria. Pero el revuelo lógico generado por semejante freno a la labor del Poder Judicial permitió que pasase más desapercibido otro golpe maestro de Cándido Conde Pumpido contra la independencia de los jueces. La misma sentencia santificó el hecho de que prive de la capacidad de defensa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en caso de invasión de competencias por otra institución. Y justo ese es el supuesto que tendría que invocar en estos momentos el Poder Judicial para defenderse del pisoteo a su capacidad y deber de juzgar a los delincuentes separatistas. Porque se trata de una invasión de competencias del Legislativo o del Ejecutivo —uno ha plasmado la proposición de ley y el otro la ha negociado— en el Poder Judicial. Pero, gracias a esa sentencia, el CGPJ no podrá defenderse de ello.

La sentencia señalaba que, "respecto de los vicios de inconstitucionalidad material, su concurrencia también es descartada por la abogacía del Estado. Más allá de la reserva de regulación de las funciones del CGPJ al constituyente, los recurrentes no realizan argumentación alguna que sustente que las competencias que ejerce el CGPJ en funciones y, especialmente, las que no ejerce, afecten a la independencia del poder judicial, limitándose a señalar el listado de materias que no pueden tratar y señalando, sólo con cita de un artículo en concreto, las relativas a la capacidad de nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.1 CE), propuesta de nombramiento del presidente del Tribunal Supremo (art. 123.2 CE), nombramiento de fiscal general del Estado (art. 124 CE) y la posibilidad de plantear conflictos de atribuciones [art. 161.1 d) CE)]". El argumento de la Abogacía del Estado no ocultaba el objetivo a batir: "La posibilidad de plantear conflictos de atribuciones". Y, efectivamente, la sentencia lo tumbó: "Por lo que se refiere a las limitaciones relativas a la interposición del conflicto de atribuciones, esta parte sustenta que es la LOTC la que define los procedimientos constitucionales y las condiciones para el ejercicio de las acciones ante el Tribunal Constitucional (arts. 165 CE y 560 LOPJ), sin que tal previsión sea incompatible con la previsión del art. 571 bis LOPJ objeto del presente recurso".

"Por último, la demanda no recoge argumentación alguna sobre las razones por las que la limitación de las atribuciones del CGPJ en funciones implique una politización del órgano de los jueces, y ello partiendo de que es una opción del legislador orgánico que todos sus miembros sean elegidos por las Cortes Generales, opción que el Tribunal Constitucional ha considerado válida, más aún cuando no se atribuyen ni al poder ejecutivo ni al poder legislativo las competencias que el CGPJ en funciones no puede desarrollar, ni se afecta a la independencia con que los miembros del CGPJ en funciones ejerzan las atribuciones que el legislador orgánico ha querido que mantengan, una vez caducados sus mandatos y hasta su renovación (con cita de las SSTC 108/1986, FJ 7; y 19112016, FJ 1)", añade la explicación.

"La abogacía del Estado entiende que esta impugnación debiera inadmitirse a límine, dado que los recurrentes no realizan argumentación alguna que sustente que las competencias que no ejerce el CGPJ en funciones afecten a la independencia del poder judicial, limitándose a enumerar el listado de materias que no pueden tratar y señalar, sólo con cita de un artículo en concreto, las relativas a la capacidad de proponer el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.1 CE), del presidente del Tribunal Supremo (art. 123.2 CE) y del fiscal general del Estado (art. 124.4 CE), y a la posibilidad de plantear conflictos de atribuciones [art. 161.1 d) CE)]", sentencia la resolución del organismo controlado por Cándido Conde-Pumpido.

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